Es la petición de la Fiscalía, que en sus calificaciones previas al juicio -se celebrará en la Audiencia de Valladolid el próximo 24 de junio- atribuye a la pareja sendos delitos contra la salud pública y a ello le suma a la agente un segundo por descubrimiento y revelación de secretos por consultar a título personal la ficha de uno de sus supuestos 'clientes'.
La investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional arrancó en enero de 2023. Bajo la sospecha de una supuesta venta de drogas desde la casa de la agente se comenzaron a realizar vigilancias en las inmediaciones y «pudieron comprobar frecuentes visitas» de escasos minutos o incluso segundos tanto al interior del domicilio como en la calle, llegando a apreciarse intercambio de objetos de pequeñas dimensiones, de acuerdo con el relato del Ministerio Público.
El mismo apunta a que entre las personas que acudían a ese piso los agentes apreciaron que tras ello consumían lo que parecía cocaína, lo cual se confirmaría después de proceder a la aprehensión de sustancias a esos supuestos compradores. El análisis posterior confirmaría que efectivamente se trataba de esta droga.
Junto a esas vigilancias, se realizaron escuchas en los teléfonos de ambos y se procedió también a recoger la basura que los acusados tiraban al contenedor en busca de restos de sustancias. Los desechos dieron resultados positivos en cocaína.
Con los indicios que habían apuntado estas investigaciones sobre la mesa en el mes de junio se realizó el registro del domicilio en la calle Mieses de Valladolid en el que se halló droga en distintas dependencias de la casa. En concreto, once gramos de cocaína que habrían alcanzado un precio de 3.031 euros. Asimismo, se aprehendieron hasta 1.130 euros en efectivo debajo del colchón y en un cajón, que la Fiscalía sostiene que procedía de la venta de droga.
Por otro lado, la acusación publica atribuye a la agente un segundo delito respecto a uno de los hombres que acudía supuestamente a su domicilio a comprar droga y al cual presuntamente 'investigó' a través de las bases de datos policiales a las que tenía acceso por su trabajo pero que utilizo, según Fiscalía, para realizar consultas no relacionadas con su desempeño laboral y con el ánimo de conocer datos sobre el susodicho: ficha policial y documentación médica.
La Audiencia de Valladolid alude a las elevadas penas a las que se enfrenta tras el veredicto de culpabilidad y su consecuente riesgo de fuga, además de la posibilidad de reincidencia
La agente se encuentra en prisión provisional desde junio del año pasado y su pareja fue puesta en libertad en el mes de septiembre. Además de las penas de prisión, solicita el Ministerio Público para ambos el pago de una multa, que en el caso de la policía -para la que pide ocho años de inhabilitación- asciende a 11.000 euros y en el de su novio a 6.000.