Comenzará a partir de entonces un largo procedimiento de desahucio, que habitualmente dura «no menos de nueve meses», pero que en este caso, según los expertos consultados por ABC podría prolongarse «hasta dos o tres años», dada su complejidad. Una circunstancia que, conocida desde el arzobispado, les ha llevado a actuar con extrema «paciencia y prudencia» y afinar al máximo posible la demanda, antes de ser presentada.
En ese sentido hay que entender el informe de vulnerabilidad que el arzobispado de Burgos solicitó al Centro de Atención Social (CEAS) de Belorado a principios de verano, y de cuyos resultados ya dispone desde finales de julio. A mediados de julio, la trabajadora social de Belorado pudo acceder al monasterio y entrevistarse con las 15 mujeres que entonces vivían allí. Hay que recordar que hace unas semanas la que fuera vicaría general, conocida como sor Paz cuando estaba en la vida religiosa, abandonó el cenobio por «desavenencias» con la exabadesa.
En el escrito de citación que cada una de las diez exreligiosas ya se les explicaba que el departamento de Bienestar Social e Igualdad de la Diputación Provincial de Burgos había recibido «la petición de informes sobre vulnerabilidad económica sobre usted, dentro de un procedimiento judicial que tiene como finalidad el desahucio de su vivienda habitual». Una particularidad que no especificaban las citaciones de las otras cinco religiosas que habitan en el convento, las más mayores y en una situación de «dependencia» que no han secundado el cisma y, por tanto, no han sido excomulgadas y constituyen en este momento la legítima comunidad de clarisas de Belorado.
Aunque el contenido de los informes no ha trascendido, por la obvia protección que requieren datos tan sensibles, fuentes cercanas al caso entienden que con respecto a la vulnerabilidad económica hay una evidente diferencia entre las diez religiosas excomulgadas y las cinco más mayores. Las que han planteado el cisma son precisamente las más jóvenes, con capacidad para trabajar (si no se han dado de baja, hasta junio estaba dadas de alta como autónomas) e incluso algunas de ellas -como la exabadesa- con cuentas corrientes bancarias abiertas a su nombre en las que reciben ingresos y donativos. Por contra, las cinco más mayores están ya jubiladas, tienen una alta edad -una de ellas ronda los 100 años- y tienen problemas de movilidad e inclusos síntomas de demencia senil por lo que tienen «un alto grado de dependencia».
Unas circunstancias que, según los expertos consultados por este diario, podrían favorecer el expediente de desahucio, dirigido a las nueve excomulgadas que permanecen en el monasterio, precisamente las menos vulnerables en lo económico. Sin embargo, también explican que es muy posible que las exreligiosas traten de frenar o ralentizar el proceso con un procedimiento de usucapión, alegando que han estado ocupando el inmueble con permiso del propietario durante años, en algunos caso como la exabadesa cerca de dos décadas.
Sin embargo, el argumento sería endeble pues han ocupado legítimamente el monasterio, que pertenece a la comunidad de religiosas de Belorado, mientras han sido clarisas de la comunidad. Técnicamente sólo pasaron a ser okupas en el momento en que fueron excomulgadas y expulsadas de la vida religiosa, el pasado 22 de junio. Desde ese momento, la comisión gestora les ha pedido que abandonen el convento, al no pertenecer ya a la comunidad de clarisas.
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