Consumo logra la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb y denuncia otros 55.000 sin número de registro

De esta manera, tal y ya como sucedió hace poco más de un mes con Booking, que retiró más de 4.000 anuncios ilegales de pisos turísticos de su plataforma, Consumo logra un paso adelante a la hora de regular con mano de hierro las irregularidades que las plataformas de pisos turísticos en línea hayan podido cometer.

«La retirada de estos anuncios ilegales llega después de que la multinacional recurriera la decisión ante los tribunales en varias ocasiones y que la Justicia respaldara las actuaciones de Consumo«, detalla el ministerio, apuntándose un triunfo crucial en la batalla que libra Bustinduy contra las irregularidades en internet.

Sin embargo, las pesquisas de Consumo no acaban aquí. Tras haberse clausurado este caso, la Unidad de Análisis de Consumo, el organismo dependiente del ministerio al que corresponden estas funciones, ha identificado cerca de 55.000 anuncios (54.728) que no disponen del número de registro oficial, obligatorio por la legislación vigente desde el pasado 1 de julio.

Booking elimina más de 4.000 anuncios de su plataforma que Consumo consideró como «ilegales»

Jaime Mejías

Este nuevo avance constituye un paso adelante en la lucha que libra Bustinduy contra las prácticas abusivas en las plataformas de alquiler turístico

Así, el Ministerio que dirige Bustinduy dará traslado de la información recabada conforme a lo previsto en el ordenamiento legal vigente con el fin de que los anuncios sean eliminados o subsanados por la plataforma, al igual que ha sucedido con los 65.000 que la Justicia ha ordenado retirar a Airbnb.

«El archivo digital elaborado por Consumo contiene también información de interés como la tipología de la vivienda (si es habitación o alojamiento completo); su información geográfica (localidad, provincia y comunidad autónoma); o los datos disponibles de los anfitriones«, avanza el ministerio.

Con esta acción, el ministerio ratifica su compromiso de hacer cumplir la legalidad y garantizar el derecho constitucional a la vivienda «por encima de los beneficios de las grandes multinacionales», como ha manifestado el ministro en diversas intervenciones públicas.

«Por esta razón, la Unidad de Análisis de Consumo va a continuar trabajando para identificar y denunciar potenciales anuncios ilegales en las diferentes plataformas digitales especializadas en el alquiler de alojamientos turísticos».