Booking elimina miles de anuncios de pisos turísticos en Canarias por incumplimiento

A través de esta acción, Consumo da un paso más en su lucha contra la publicidad ilegal de pisos turísticos, después de que el pasado 17 de mayo otra de las empresas más grandes del mundo en gestión de alquiler turístico, Airbnb, se viese obligada a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos calificados como ilegales, después de una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Según las declaraciones de Bustinduy, esta acción resulta decisiva para «poner coto a la proliferación indiscriminada de este tipo de alojamientos», que según el departamento supone una de las causas fundamentales que provocan la crisis de vivienda en España, especialmente en aquellas zonas que reciben una ingente afluencia de turistas, como es el caso de los archipiélagos.

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Del mismo modo, Consumo ha querido poner en valor el ánimo de colaboración adoptado por Booking, después del envío del primer requerimiento de eliminación de los anuncios considerados como ilegales. Muy distinto fue el caso de Airbnb, con quien el ministerio se encuentra inmerso en una pugna judicial en la que median varios requerimientos, así como un expediente sancionador, y que el TSJ de Madrid se ha visto obligado a desbloquear.

Tal y como explica el ministerio, Airbnb solicitó medidas cautelares el Tribunal para no tener que acatar el requerimiento emitido por Consumo. Sin embargo, el TSJ rechazó dicha petición, imponiendo a la plataforma la eliminación de la publicidad que Consumo había tachado de ilegal. Aún restan cerca de 60.000 anuncios, identificados como ilícitos por la Unidad de Análisis de Consumo, por ser eliminados.

En cuanto a las infracciones cometidas por Booking que el órgano dependiente del Ministerio identificó, destacan varias: ciertos anuncios no incluían el número de licencia o registro, lo cual resulta un requisito obligatorio en varias normativas autonómicas, y representa la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.

Por otra parte, algunos anuncios incorporaban números de licencia que no correspondían a aquellos que fueron expedidos por las autoridades. Según el Ministerio, esta práctica es susceptible de inducir a error a los consumidores. Por último, algunos anuncios no indicaban la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, su condición de profesionales o particulares. Este requisito también es fundamental para que los anuncios cumplan la normativa, pues la protección del consumidor depende de ello.