Defensa revoca una licencia para la compra de misiles con tecnología israelí para el Ejército de Tierra

El Gobierno había autorizado la compra del misil Spike en octubre de 2023, justo antes de los atentados de Hamás del 7 de octubre. Se trata de la compra de 168 sistemas de misiles contracarro por más de 285 millones de euros, un sistema ya en uso con un modelo anterior en el Ejército de Tierra e Infantería de Marina desde hace años.

La pasada semana, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ya reconoció la «dependencia tecnológica» de las Fuerzas Armadas de la tecnología israelí, pero anunció reajustes en los programas que están en marcha, y también en los futuros, para poder «desconectarse» militarmente del país gobernado por Benjamin Netanyahu.

El Congreso de los Diputados aprobó precisamente la pasada semana una iniciativa para un embargo total en material de defensa con Israel, con apoyo del Grupo Socialista, aunque solo unas horas después el Gobierno rebajó el alcance de la medida y reconoció que es muy difícil prescindir al completo de su tecnología.

Desde los atentados del 7 de octubre, el Gobierno ha repetido insistentemente en que se ha paralizado toda compra y venta de material militar a Israel. Sin embargo, siguen quedando muchos flecos pendientes que obligan al Ejecutivo a reaccionar ante la presión de sus socios.

Lo primero que reconoció la ministra de Defensa fueron determinadas transacciones para el mantenimiento y reparación de algunos materiales israelíes ya integrados en los sistemas que usan las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército del Aire y del Espacio y que necesitan ser enviados a Israel para poder seguir operativos.

Pero también hay tecnología del país en varios programas previstos en el plan impulsado por el Gobierno para alcanzar el 2% del PIB en inversión militar, como el de las radios tácticas SCTR (Sistema Conjunto de Radio Táctica), que incluyen componentes fabricados por la israelí Elbit, aunque luego los monta la española Aicox y Telefónica los adquiere para su venta final.

Fuentes de Aicox protestaron hace pocas semanas porque Defensa tiene paralizado este proyecto desde hace más de un año debido precisamente a la participación de una empresa de Israel, pese a lo que el programa está incluido en el plan de inversión militar aprobado por el Gobierno de 10.471 millones de euros.

También el Ministerio del Interior ha estado en el foco recientemente por un contrato de balas con Israel que primero paralizó, después reanudó y que finalmente el Palacio de la Moncloa forzó a revocar para cumplir con su compromiso de no realizar transacciones comerciales en materia militar con el país gobernado por Netanyahu.