Según explica la archidiócesis de Burgos en un comunicado, los hechos ha ocurrido sobre las 14 horas cuando en el Monasterio de Santa Clara se han personado, enviados por el comisario pontificio, sor Carmen Ruiz, secretaria de la federación de Clarisas, Ricardo Sáiz, apoderado del comisario, y Carlos Azcona, notario del tribunal eclesiástico, acompañados por la notaria de Briviescas, María Rosario Garrido.
La intención de la religiosa era, según la nota, «establecer alguna línea de diálogo e interlocución con las monjas, de modo particular con las más mayores». Por otro lado el apoderado y el notario del tribunal eclesiástico pretendían «comunicar las facultades jurídicas que le competen sobre la administración de los monasterios» y «transmitir las notificaciones pertinentes de este Tribunal con respecto a la apertura del proceso canónico correspondiente a la declaración de abandono de la Iglesia católica», respectivamente.
Sin embargo, tras ser atendidos por sor Belén en el torno y después por sor Sión en el locutorio, y pedir una entrevista con la exabadesa sor Isabel, «ésta ha transmitido a través de sor Belén que, excepto la notaria, los demás «no eran bien recibidos» en el monasterio y que deberían abandonarlo, requiriendo la presencia de una patrulla de la Guardia Civil en el caso de negarse», explica el texto de la archidiócesis de Burgos.
De esta forma, la notaria ha pasado a una estancia interior, en la que ha hecho entrega «de los requerimientos pertinentes, tanto civiles como canónicos». Mientras, los enviados de Iceta han preferido evitar problemas y tanto Carmen Ruiz, como Carlos Azcona han esperado fuera del monasterio, mientras Rodrigo Sáiz ha aguardado en el interior «a la llegada de la patrulla de la Guardia Civil, haciendo valer el derecho que le asiste como apoderado del comisario pontificio».
Una vez que se ha personado la patrulla, se ha identificado y ha mostrado la documentación que le acredita «como apoderado del Comisario Pontificio». Ante ello, la patrulla les indicó que iba a realizar «diligencias a prevención» y que, «a continuación, se entrevistarán con las religiosas», según explican desde el obispado. En ese momento, el apoderado del comisario pontificio ha abandonado el monasterio por voluntad propia.
El comunicado también señala que tanto «la denuncia contra el Comisario Pontificio ante la Policía Nacional en Logroño, su posterior ratificación ante los juzgados de Burgos y el requerimiento de una patrulla de la Guardia Civil en Belorado, pueden interpretarse como gestos de hostilidad que manifiestan la nula intención de la comunidad de establecer cualquier diálogo con la persona designada por la Santa Sede y su equipo». A pesar de ello, el comisario pontificio «mantiene su voluntad de tender puentes y de encontrar vías adecuadas para alcanzar una solución», finaliza.