La denuncia responde al anuncio, hecho en Burgos este miércoles, de que el arzobispo de Burgos había sido nombrado por la Santa Sede como comisario pontificio para los tres conventos -Belorado, Orduña y Derio- controlados por las clarisas cismáticas. Sus primeras medidas fueron destituir a la abadesa -a la que le expiraba su mandato este miércoles 29 de mayo-, prohibir la presencia del obispo excomulgado, Pablo Rojas y su cura José Ceacero en los conventos de las clarisas y ordenar que se realice una auditoría e inventario de todos los bienes.
Ante ello, la respuesta de la abadesa ha llegado en menos de veinticuatro horas. Según fuentes policiales a las que ha tenido acceso ABC, el objetivo de las religiosas con esta denuncia sería «obtener personalidad jurídica», de cara a un conflicto legal con la Iglesia católica, representada en este caso por Iceta como comisario pontificio.
La interpretación policial es coherente con los argumentos que las monjas han sostenido desde que comenzó la crisis. Desde el primer momento han dejado claro que el monasterio es una institución 'sui iuris', es decir de derecho propio, y que por encima de la abadesa, que actuaba como superior mayor, sólo estaba la autoridad del Papa. Al romper con el Papa Francisco y la Iglesia católica y ponerse bajo la jurisdicción del excomulgado obispo Pablo Rojas, la abadesa reclamaba su independencia para administrar todos los bienes de la comunidad, que como demostró ABC la semana pasada superan los 10 millones de euros.
Sin embargo, con la decisión de Roma de nombrar comisario pontificio éste pasa a ser el superior mayor, por encima de la abadesa y su consejo, y tendría la potestad de control tanto de los bienes de la comunidad como de la acción pastoral en los conventos. De ahí que su primera decisión fuera encaminada a poner orden en las cuentas y clarificar ante el registro la propiedad de los bienes.
Ante ello, la abadesa ha denunciado «por violación del derecho fundamental de asociación y el principio de separación, libre separación voluntaria, así como también por abuso de poder y por usurpación de la representación legal por parte del señor Iceta», según ha explicado el cura-coctelero, José Ceacero, que actúa como representante de las religiosas ante los medios de comunicación.