Sumar aprieta al PSOE y le exige acelerar «de inmediato» las sanciones contra Israel «que dependen exclusivamente del Gobierno»
Sumar trata de no quedarse atrás —con formaciones como Podemos adelantándole por la izquierda— y parece enarbolar ahora, casi dos años después del inicio de la guerra en Gaza, la bandera de la lucha contra el «genocidio» en Palestina. Lo hace presionando al PSOE, su socio de Ejecutivo de coalición, al que este jueves han pedido medidas y sanciones «inmediatas» contra Israel, las cuales, señalan, «dependen exclusivamente del Gobierno».
Yolanda Díaz y sus ministros —Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego (de Izquierda Unida, formación integrada en Sumar, que también ha encabezado históricamente la defensa del Estado palestino, elevando la voz contra Tel Aviv cuando el grupo parlamentario aún no lo hacía)— han reiterado este jueves a los socialistas su petición de suspender relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, y añadido otras cinco propuestas más a la lista que también han trasladado a la otra parte del Ejecutivo con el propósito de que España contribuya al «cese de la violación continuada del derecho internacional».
A la ruptura de relaciones con Israel, se suma ahora la retirada de inmediato de la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Salomón. La segunda exigencia pasa por que el Ejecutivo español suscriba la Declaración del Grupo de La Haya y adquiera el compromiso formal de aplicar plenamente sus medidas legales y diplomáticas en defensa del derecho internacional. Una adhesión que nuestro país, explican fuentes de Sumar, debería llevar a cabo al inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre.
En tercer lugar, urge Sumar al PSOE la aprobación inmediata de la ley de embargo de armas «en cumplimiento del acuerdo alcanzado antes de verano entre los socios de coalición». Se refieren los de Díaz a la proposición de ley, a propuesta de Sumar, Podemos, ERC y BNG, para la reforma de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso, introduciendo la figura del embargo y su régimen jurídico. El embargo se aplicaría a todos aquellos Estados que hayan sido demandados ante un Tribunal Internacional por genocidio, crímenes de guerra o violaciones graves de los convenios de Ginebra, cuya jurisdicción haya ratificado España.
Se trata de una norma que ya superó la toma en consideración en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo, con los votos en contra de PP y Vox, y que PSOE y Sumar acordaron en julio sacarla adelante en el mes de septiembre tras el parón estival. «Hay que acelerar al máximo la tramitación o en su defecto, la aprobación de un real decreto ley» en el Consejo de Ministros, exigen a los socialistas.
La cuarta medida es relativa al refuerzo de los controles en puertos y aeropuertos españoles para impedir el tránsito de armas con origen o destino a Israel. De igual modo, solicitan la exclusión de empresas con vínculos directos o indirectos con la industria militar israelí del acceso a la contratación pública, así como del registro oficial que habilita a operar en comercio exterior.
Por último, piden a Pedro Sánchez tomar acción personal contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y contra tres de sus ministros, Israel Katz (Defensa), Itamar Ben Gvir (Seguridad Nacional) y Bezalel Yoel Smotrich (Economía). Declararles personas 'non gratas' e impedir su entrada al país por «incitación al genocidio, la hambruna forzada y la limpieza étnica» en la franja de Gaza es lo que exige Sumar en este sentido.
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