Junts pacta tener las competencias en inmigración y más dinero para transporte a cambio de no obstruir la validación de los decretos

Junts per Catalunya ha optado este miércoles por no participar en la votación que buscaba convalidar los tres reales decretos presentados por el Gobierno, algo que ha permitido su aprobación. Ese giro, dice la formación, ha sido a cambio de una serie de concesiones del Ejecutivo entre las que destacan la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento civil (que según ellos podía torpedear la amnistía), la transferencias a la Generalitat de las competencias sobre inmigración y trabajar para que las empresas que se fueron por el procés vuelvan a Cataluña, algo que se haría mediante la reforma de la ley de sociedades.

El partido fundado por Carles Puigdemont se ha negado a participar en la votación de este lunes para dejar claras sus reticencias, haciendo así que al faltar siete votos salieran adelante tanto el decreto de las medidas ómnibus como, en principio, el de medidas anticrisis a falta de que se repita esta votación por un empate. Minutos después, la formación ha enviado una nota en la que resume algunas de las contrapartidas obtenidas en la negociación, cuyo contenido el Ejecutivo central aún no confirma.

Junts y PSOE han estado negociando todo el día, de cara a intentar que el partido independentista abandonara en ‘no’ que hace días anunciaba y siempre había descartado que se abstuviera en la votación. Incluso en los momentos más complicados, desde el Gobierno central y el PSOE estaban confiados en que habría espacio para llegar a un pacto. La fórmula elegida por Junts para manifestar su desacuerdo tiene mucho de teatral, pues los de Puigdemont sobre el papel han logrado rascar contrapartidas de calado. Aún así, pueden decir que no han dado sus votos al Gobierno de Pedsro Sánchez, aunque en la práctica inhibirse en la votación tiene el mismo efecto de apoyo a los textos.

Entre las medidas que Junts asegura haber pactado con el Ejecutivo de Sánchez se encuentra, por ejemplo, la delegación de las competencias sobre inmigración en la Generalitat, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica por Cataluña, y la publicación inmediata de los datos que permitirán que la Generalitat calcule las balanzas fiscales según informa un comunicado del partido.

El acuerdo incluye también la rebaja del IVA del aceite al 0% y la asunción por parte del Estado de la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público. En la capital catalana y su área metropolitana, esa ayuda se sufragaba de la siguiente manera: el Gobierno daba el 30%, la Generalitat aportaba directamente 10% y la Autoridad Metropolitana del Transporte daba otro 10%. El partido independentista no especifica hasta donde asumiría el Ejecutivo central.

En la nota de Junta también se destaca que su cambio de posición en el Congreso es fruto de haber logrado “un acuerdo para mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes”.

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