Las revelaciones de Aldama en el Supremo fueron decisivas contra Santos Cerdán

Ahora, esas dos comparecencias -y la documentación aportada por el empresario- reconociendo delitos han acabado con el ex número tres del PSOE Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real, la misma de la que salió De Aldama gracias a sus confesiones.

De hecho, fuentes del entorno del empresario, consultadas por ABC, explican que lo que dijo ante Puente, y a preguntas también del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha cumplido «punto por punto».

El Gobierno asegura que no hay «indicios» que apunten a la implicación del PSOE en el caso Cerdán

Patricia Romero

Añaden que su testimonio ha sido trascendental para que la investigación, que versa sobre los presuntos amaños de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones que se habrían embolsado indiciariamente el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, haya escalado hasta la figura de Santos Cerdán, un hombre de la confianza del presidente Pedro Sánchez y que acumulaba mucho poder dentro del PSOE dado que era el secretario de Organización.

Estas mismas fuentes señalan que el empresario califica de «histórico» que sus revelaciones, los indicios que aportó, hayan servido para que el magistrado decidiera acordar la prisión sin fianza para Cerdán con el objetivo de evitar que pueda destruir o alterar pruebas que le incriminen en esa presunta organización criminal que lideraría.

Si se analiza la declaración ante el Tribunal Supremo del presunto 'conseguidor' de la trama se puede comprobar que fue el primero en apuntar que las 'mordidas' a cambio de adjudicaciones no se limitaron a la compra de mascarillas en plena pandemia sino que se extendieron a la obra pública que licitaba el Ministerio de Transportes a través de las empresas públicas que de él dependían.

Cabe recordar que De Aldama confesó que abonaba mensualmente a Koldo García y a Ábalos 10.000 euros sólo para asegurarse su favor de cara a adjudicaciones futuras, que sostuvo que habría abonado 250.000 euros al exministro y 100.000 euros a su asesor por asignar contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, y que también dio a Ábalos la cantidad de 400.000 euros por adjudicaciones de obra pública.

Mas allá de esto, el dato determinante que arrojó De Aldama contra Cerdán, y que le valió incluso que el ex número tres del PSOE anunciara que se querellaría contra él, fue aseverar que Koldo García le indicó que tenía que entregar 15.000 euros para Santos Cerdán porque se había metido en una licitación de una obra en el País Vasco y que ése era terreno de líder socialista. Según recordó ante el juez, Cerdán «se habría cabreado mucho» y Koldo García le indicó -tras comentarle que lo mismo tenía que ir a Ferraz a partirle la cara a ese electricista- que debía abonarle esa dádiva en metálico porque el ex número tres del PSOE ya «tenía una serie de tratos con Acciona».

Precisamente, esta constructora es una de las que está en el punto de mira de la UCO dado que habría sido, indiciariamente, la que más adjudicaciones amañadas se habría adjudicado, y todo, presuntamente, por medio de la relación con la trama de uno de sus directivos, Fernando Merino.

El tiempo, apenas siete meses, ha situado la revelación de diciembre sobre Cerdán como trascendental porque el Supremo tiró de ese hilo, de los documentos subrayados de adjudicaciones que además aportó el empresario, y solicitó un informe a la UCO que arrojó indicios del papel relevante de Cerdán en la trama -apoyado ambién en los audios encontrados en el registro del domicilio de Koldo García-.

De hecho, ya coloca la investigación en un nuevo escenario y el juez hace un hipotético cálculo de que las comisiones -«el botín»-pudieron ascender a más de 5 millones por adjudicaciones que supusieron más de 500 millones de dinero público.

Ante este cúmulo de indicios, Cerdán trató de poner pie en pared y el lunes en su declaración como investigado negó todos y cada uno de los extremos que apuntaban a que él tuviera que ver con el cobro de comisiones ilegales y, de hecho, calificó la causa de persecución política. Descartó también que hubiera recibido ningún sobre de parte de De Aldama en la cafetería ubicada frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Pero las respuestas a su abogado -se negó a responder al juez y al fiscal- no fueron suficientes para esquivar un duro auto del juez en el que le colocaba en la cúspide de la presunta organización criminal y le mandaba a prisión provisional sin fianza.

Así pues, la confesión de De Aldama ha servido para ir avanzando en la investigación, y ahora la pregunta es qué ocurrirá con otras revelaciones que puso sobre la mesa del juez, como que le pidieron 50.000 euros para el ministro Ángel Víctor Torres por agilizar presuntamente el pago por el envío mascarillas a Canarias, o el presunto abono de 25.000 euros a Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero, por su colaboración en un aplazamiento de deuda de una de sus empresas.