El Grupo Parlamentario Popular registró el jueves la petición de comparecencia urgente de Sánchez ante el Pleno «para dar explicaciones sobre cómo pretende garantizar la gobernabilidad de España, una vez constatada la ruptura de la mayoría de investidura y la intención de promover un bloqueo legislativo por parte de sus socios». Dicho y hecho. La Junta de Portavoces, con la unanimidad que se requiere para modificar el orden del día de una sesión plenaria, ha aceptado la solicitud de los populares.
Sánchez, por tanto, tendrá que rendir cuentas sobre la viabilidad de la legislatura, aunque el Gobierno ha repetido por activa y por pasiva que está dispuesto a continuar sin anticipar las elecciones generales incluso sin lograr aprobar ni una vez los presupuestos generales del Estado, que prometió presentar ante las Cortes, pero a los que renunció este año tras el órdago del prófugo Carles Puigdemont.
El jueves por la mañana, la derecha separatista solemnizó en el Congreso su ruptura con PSOE y Sumar. Su portavoz en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, anunció que su partido interpondrá enmiendas a la totalidad contra todos los proyectos de ley que lleve el Ejecutivo a las Cortes, lo que, junto a los votos de PP y Vox, garantiza un bloqueo legislativo y que Sánchez no pueda aprobar ninguna iniciativa. No en vano, PP, Vox y Junts reúnen 177 diputados que los sitúan por encima de la mayoría absoluta.
Nogueras enumeró cinco excepciones, movilidad sostenible, atención a la clientela, cine, impulso a la economía social y decreto para financiar la ley ELA, por acuerdos previos a esa quiebra de la relación con el Gobierno, pero el resto de proyectos del Ejecutivo quedarán sistemáticamente bloqueados si Junts cumple su amenaza. Ante esta tesitura, y la voluntad de Sánchez de agotar la legislatura, el presidente deberá dar explicaciones sobre cómo piensa conjugar el rechazo cuasi automático a sus iniciativas con la gobernabilidad del país.
Leire Díez
Una tarea de complicada explicación, pero que el PSOE y Sumar han preferido no vetar y acumular en su comparecencia prevista sobre las últimas cumbres internacionales —con el complejo escenario geopolítico y los últimos encontronazos con Estados Unidos por la negativa de España a aumentar el gasto en defensa al cinco por ciento del producto interior bruto— y sobre la corrupción «que afecta a su Gobierno, a su familia y al PSOE», incluida la investigación judicial a la 'fontanera' Leire Díez.
Hace dos semanas, Sánchez ya acudió a la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo y en aquella ocasión, en la que cada grupo parlamentario disponía de un interrogatorio de cincuenta minutos, respondió con evasivas y no contestó preguntas sobre su hermano, David Sánchez, procesado por tráfico de influencia y prevaricación. Ahora, la Junta de Portavoces ha acordado que en vez de los quince minutos que habitualmente tiene cada grupo en las comparecencias del presidente, sean veinte por la acumulación de temas. En la réplica, como siempre, cada uno dispondrá de cinco minutos, mientras que el presidente no tendrá límite de tiempo en ningún momento.