Sunak afronta otra acción legal contra el plan de deportaciones a Ruanda
El Gobierno de Rishi Sunak afronta un primer obstáculo legal a la reforzada legislación para deportar a Ruanda inmigrantes llegados a las islas británicas por rutas extraoficiales, al tiempo que se intensifican las movilizaciones cívicas contra la detención de los extranjeros señalados para ser expulsados del Reino Unido. Las protestas y acciones en ambos flancos de la batalla contra el plan Ruanda de sucesivas administraciones conservadoras podrían frustrar una vez más el calendario anunciado por el primer ministro, que pretende dar la salida a los vuelos de refugiados para principios de julio.
Este jueves, una cadena humana rodeó el autobús que acudió a recoger un número indeterminado de migrantes de su residencia temporal en un hotel del barrio Peckham, en el sur de Londres. La alarma había saltado horas antes en las redes sociales y cientos de personas se concentraron en el lugar decididos a impedir, o al menos retrasar, la operación.
Alguien reventó las ruedas del vehículo que el Ministerio del Interior había contratado para trasladar a los refugiados a la barcaza-prisión Bibby Stockholm, que fondea en el muelle de Portland, a unas tres horas de Londres. El conductor del autobus consiguió escapar de la emboscada por la tarde, sin pasajeros visibles a bordo y escoltado por agentes de policía. Varios activistas fueron detenidos por obstrucción de la calzada y por alterar el orden público, según confirmó Scotland Yard.
Las protestas contra la detención de extranjeros se repiten en otras ciudades del Reino Unido. El alcalde de la localidad costera de Margate, el laborista Rob Yates, se sumó al grupo de vecinos de la región de Kent que obstaculizó el paso de otro autobús con una orden de traslado de 27 solicitantes de asilo. Ocurrió el miércoles, el día en que el Gobierno confirmó el inicio de la operación de detención de migrantes destinados a ser expulsados al país africano.
Hasta 75.000 personas arribaron a la costa británica en botes desde el litoral francés desde enero de 2002 a diciembre de 2023, según datos oficiales. El Gobierno considera sus casos y los más actuales "inadmisibles" y el ministro del Interior está obligado a detenerlos a fin de deportarlos a un "tercer país seguro". No tienen posibilidades de retorno en el futuro al Reino Unido, de acuerdo con sucesivas y controvertidas leyes,
La última norma, aprobada en abril por la mayoría conservadora de los escaños gubernamentales, valida la seguridad de Ruanda, restringe el recurso de apelación en tribunales nacionales, "deja de aplicar" artículos fundamentales de la Convención Europea de Derechos Humanos y autoriza al Ejecutivo a ignorar resoluciones provisionales dictadas por la Corte de Estrasburgo.
El sindicato FDA, de funcionarios y empleados de la administración, ha tomado la delantera en la batalla legal contra el plan Ruanda. Su equipo de abogados ha solicitado un interdicto judicial que permita aclarar la situación del funcionariado ante un "aparente conflicto" entre una posible orden ministerial y el Código del Servicio Civil. El manual obliga al funcionario a "respetar la ley y la administración de Justicia".
La FDA considera que sus miembros corren el riesgo de quebrar la legislación internacional si cumplen una instrucción ministerial que ignore una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contraria al traslado a Ruanda de un refugiado. Sucedió en 2022 y el avión fletado a una compañía española voló sin pasajeros. Desde entonces, un refugiado ha viajado a Kigali desde Inglaterra, voluntariamente y con una recompensa gubernamental de 3.300 euros.