La solución para Doñana: los agricultores de los cultivos rojos cobrarán ayudas por dejar de regar pero "no habrá amnistía" para quienes usaron pozos ilegales
Los agricultores del entorno de Doñana cobrarán hasta 100.000 euros por hectárea por devolver el terreno a su estado natural, bien por la vía de la reforestación o por la reconversión de las explotaciones en cultivos de secano o ecológicos. Así lo han acordado el Gobierno central y la Junta de Andalucía en el pacto por Doñana que el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, han sellado hoy en Almonte (Huelva), tras recibir el plácet de los regantes del Condado, que aprobaron este domingo por unanimidad la propuesta.
La inversión prevista por las administraciones es de 1.400 millones de euros, repartidos a partes iguales entre la Junta y el Gobierno, a los que se suma también una aportación de la Diputación de Huelva. Y su ejecución beneficiará a los 14 municipios del área de influencia del Espacio Natural Doñana, distribuidos en tres provincias: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado (Huelva), Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas, y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).
El acuerdo supone la retirada definitiva de la proposición de ley impulsada por el PP y Vox en el Parlamento andaluz y que incluía una ampliación de los regadíos en el entorno de un parque muy castigado por la falta de agua. "Todos ganan y nadie pierde", ha dicho Juanma Moreno esta mañana junto a la ministra.
Teresa Ribera ha explicado también que no habrá vetos para los agricultores que tengan abierto algún tipo de expediente por la extracción de agua de forma ilegal del acuífero. Pero tampoco habrá "amnistía" para los expedientes sancionatorios y condenas que hay por esos pozos ilegales que contribuyen a sacar las fuentes hídricas de Doñana.
La solución para Doñana pasa, por tanto, por una reconversión de parte de los cultivos de frutos rojos, ya que no es posible garantizar el agua de riego para mantener todas las hectáreas que hay actualmente en explotación sin aumentar el daño sobre las reservas que alimentan el parque nacional, que está dando muestras desde hace años de un nivel de estrés hídrico insoportable.
El punto de inflexión en la escalada de tensión sobre Doñana llegó en el mes de octubre, cuando la ministra para la Transición Ecológica llamó a Juanma Moreno y le ofreció sentarse a negociar si frenaba la aprobación en el Parlamento andaluz de la ley que ampliaba las hectáreas de regadío en la Comarca del Condado de Huelva, y a la que sólo le faltaba una votación final en la cámara autonómica.
Hasta entonces, la Junta y el Gobierno habían manejado todos sus resortes nacionales e internacionales para ganar el pulso pero no se habían sentado a hablar al más alto nivel para intentar solucionar el conflicto por la vía de la negociación. Cuando lo han hecho sin la presión de unas elecciones inminentes el pacto ha llegado en apenas mes y medio. Este lunes Teresa Ribera y el presidente de la Junta han visitado Doñana en amor y compaña, en un ruta que ha dado comienzo en el centro de visitantes de La Rocina, junto a la aldea de El Rocío, y que les ha permitido comprobar cómo las lluvias del otoño han permitido aliviar mínimamente la sequedad del suelo, hasta la reaparición de algunas de las lagunas permanentes que han dejado de serlo y se desecaron el pasado verano.