Crisis tras crisis en el exterior>
El balance de estos últimos años sitúa a España como un país errático en política exterior, militante contra países socios y preso de las ocurrencias de su Gobierno. En tres años han sido llamados a consultas los embajadores en España de Marruecos, Argelia e Israel. No puede ser casualidad la sucesión de estas decisiones que son, tras la ruptura de relaciones diplomáticas, las más expresivas de una crisis bilateral. Tampoco es cuestión menor que Sánchez haya protagonizado los más graves incidentes diplomáticos, como esa insólita carta personal al Rey Mohamed VI sobre la soberanía marroquí en el Sahara Occidental, con la que rompió un consenso de Estado en materia internacional y la confianza de Argelia; o su acusación contra Israel por la «matanza indiscriminada de civiles inocentes» en Gaza.
No ha estado solo Sánchez en esto de ofender a países amigos o socios. Su vicepresidenta de confianza, Yolanda Díaz, arremetió contra la reforma laboral en Grecia, lo que le costó una dura respuesta de Atenas sobre las cifras del paro en España. Polémica innecesaria y ofensiva provocada por quien no tiene nada que enseñar a otros países que lidian con sus propios problemas con mejores resultados. A Sánchez ya se le ha tomado la medida en Europa, no solo por la mediocridad de la presidencia europea, sino también por la contaminación de su posición institucional con un activismo ideológico que no tiene nada de socialdemócrata. Atacar, como hizo Sánchez, al Gobierno italiano tachándolo de «reaccionario» evidencia la peligrosa escala de prioridades del presidente español en su visión diplomática, en la que parece no entrar una sincera reflexión sobre las razones por las que Italia tiene un protagonismo en encuentros y citas europeos del que carece España. Que Tajani, ministro de Exteriores italiano, y buen amigo de nuestro país, responda a la falta de respeto de Sánchez preguntando si en España se respeta el Estado de derecho, es preocupante.
Y aún queda abierto el capítulo de la proposición de ley de amnistía y el papel lamentable del ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras disfrazarse de portavoz del comisario Reynders y anunciar la «cero preocupación» de Bruselas por el Estado de derecho en España. Poco tardó la Comisión en desmentir que no le preocupe la amnistía que se tramita en España y que Reynders vinculó en la Eurocámara con el artículo 2 del Tratado de la UE, en el que –tome nota el ministro de Justicia– se menciona expresamente el Estado de derecho como fundamento de la Unión.
Sin explicaciones en el Parlamento, sin posiciones colegiadas del Consejo de Ministros, con el titular de exteriores solo preocupado por la oficialidad del catalán en la Eurocámara, España deambula por el concierto internacional como un país extravagante y cada día menos fiable.