El BOE publica la jubilación forzosa por edad del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes 2 de septiembre la jubilación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que estuvo a cargo de estudiar cómo afecta la amnistía a los investigados de Tsunami Democràtic hasta que archivó la causa, después de que el magistrado solicitara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adelantar su marcha al día de hoy desde el 16 de octubre, cuando cumple 72 años.
En concreto, el BOE ha publicado el acuerdo del pasado 20 de junio de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara "la jubilación forzosa por edad" del magistrado Manuel García-Castellón, hasta ayer titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El decreto está firmado por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte.
Manuel García-Castellón, con una dilatada trayectoria en la Audiencia Nacional y en otros cargos como juez de enlace con Francia e Italia, solicitó en 2022 prorrogar su jubilación hasta el máximo permitido por la ley, los 72 años.
El CGPJ aprobó el pasado mes de junio la petición del juez de la Audiencia Nacional de adelantar su jubilación del 16 de octubre -cuando cumple 72 años- al 2 de septiembre. Tras regresar a la Audiencia Nacional en 2017 se ha hecho cargo de importantes causas de corrupción desde el Central de Instrucción 6, como Tsunami Democràtic, Púnica, Lezo o el denominado caso Villarejo.
Terrorismo e independentismo
También ha estado al frente de diversas causas de terrorismo como en la que propuso juzgar a cuatro ex jefes de ETA por su presunta responsabilidad como miembros de la cúpula de la banda en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco en 1997, un crimen que precisamente le tocó investigar en su primera etapa en la Audiencia Nacional.
En julio pasado García-Castellón archivó el caso seguido por los disturbios de octubre de 2019 atribuidos a Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del procés, en el que figuraban diez personas investigadas, entre ellas la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
El juez acordó dicho archivo tras la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de declarar la invalidez de las diligencias en esta causa desde el 29 de julio de 2021 por un error en la prórroga de la instrucción, al no cumplir los plazos legales por acordarla 24 horas después del tiempo límite.
Esto provocó que el Tribunal Supremo archivara la investigación contra el ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg por sus vínculos con dicha organización.