Un 85 por ciento de los nudos de conexión de la industria y la vivienda en la red de distribución de electricidad en Castilla y León están ya saturados, con provincias como Burgos donde todos los 'enganches' ya no tienen capacidad, según informan las compañías eléctricas a la Agencia Ical, quienes son contundentes en su definición: el sistema de distribución en Castilla y León «está al límite». Con este escenario, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se han citado este viernes con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para abordar la planificación del transporte energético en la Comunidad, una decisión de la que dependen en este momento, según cifras del Ejecutivo autonómico, 15.000 millones de inversión empresarial que están pendientes de que se les garantice el suministro.
Con estos datos, Carriedo y Suárez-Quiñones reclamarán al Gobierno inversión en la red eléctrica para aprovechar la energía que genera Castilla y León y trasladarla, principalmente, a sus polígonos industriales, una iniciativa que fue uno de los compromisos efectuados por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el Debate del Estado de la Comunidad de 2024. Por ello, demandarán a Groizard que «desbloquee las inversiones del Estado en infraestructuras eléctricas», una medida que la Junta ve factible ya que, tras el apagón general de la pasada primavera, «el Gobierno se ha dado cuenta de la necesidad de hacer estas infraestructuras» para «favorecer el suministro a los núcleos de población y al sector industrial».
La petición de la Junta está respaldada por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que pide un modelo «retributivo» y una retribución de las inversiones coherentes con las necesidades de la red y una «planificación ágil» que permitan reforzar aquellos puntos de acceso a la red donde la demanda lo requiera.
Fuentes de Aelec, que tiene entre sus socios a Iberdrola, Endesa o EDP, sitúan a la Comunidad entre las regiones más saturadas, con el 85 por ciento. Si se analizan por provincias, en la actualidad, Burgos ya cuenta con el cien por cien, con lo que ninguna nueva empresa podría engancharse a la red o aumentar su potencia. En un escenario ligeramente mejor se encuentran Ávila (97 por ciento), Salamanca (95) y Soria (93 por ciento). Por debajo se sitúan Valladolid, con el 88 por ciento de capacidad ocupada, Palencia, con el 83, y Zamora, con el 82 por ciento. Menos bloqueo sufre León, con el 74 por ciento, mientras que la que mejor se encontraría es Segovia, con el 44 por ciento, según el informe al que ha tenido acceso Ical.
En relación con otras comunidades autónomas, Castilla y León se encuentra ligeramente por encima de la media nacional, aún lejos del 99 por ciento que marcan La Rioja y País Vasco, el 96 por ciento de Aragón, el 94 de Navarra y el 93 por ciento de Andalucía. Los dos archipiélagos son los que se encuentran menos saturados: un 33 por ciento en Canarias y un 39, en Islas Baleares.
Este dato contrasta con el número de peticiones para conectarse a la red, que se han multiplicado por 10 en los últimos tres años en todo el país. Sin embargo, debido a la saturación, en 2024 las empresas de Aelec solo pudieron atender un diez por cinto de las solicitudes por falta de capacidad: de 67 gigavatios (GW) de solicitudes en la red de distribución, sólo se pudieron atender seis.
En Castilla y León, i-DE, la distribuidora de Iberdrola, es la que posee la mayor parte de la red de distribución, a excepción de Segovia, donde domina Unión Fenosa. En otras provincias comparte su presencia con otras distribuidoras, como León, donde lo hace con precisamente con Unión Fenosa, y en Palencia, ya que el norte de la provincia corresponde a Viesgo. En la Comunidad, i-DE, gestiona más de 50.000 kilómetros de líneas, 15.000 centros de transformación y 246 subestaciones.
Aelec remarca, según constató Ical, que esta saturación refleja el incremento de solicitudes de acceso y conexión de demanda derivado del desarrollo y aparición de nuevos agentes, junto con la regulación de la red de distribución que ha seguido en los últimos años un ritmo inversor y unos criterios distintos a los que exigía al crecimiento de la demanda, mucho más intenso y concentrada en determinados puntos.
El nuevo Real Decreto
El pasado 12 de septiembre, el Gobierno aprobó un Real Decreto que regula los planes de inversión en redes eléctricas que supone un aumento del supone un aumento del límite de inversión de la actividad de distribución eléctrica, que tanto el sector eléctrico, consumidores, instituciones y sociedad en general reclamaban.
Sin embargo, alegan que para responder a este desafío es «imprescindible reforzar y digitalizar» la red de distribución e incrementar su capacidad para integrar la nueva demanda eléctrica. Por ello, apuestan por un esquema regulatorio y modelo retributivo que permita la realización de las inversiones. Para ello se requiere, por un lado, un modelo retributivo «coherente y estable» que asegure la recuperación de las inversiones y, por otro, una retribución financiera adecuada que permita el pago de los capitales (recursos propios y ajenos) y atraiga la inversión necesaria, «incentivando las inversiones que sirvan para incrementar la capacidad».
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