Esta medida es una de las 12 recomendaciones formuladas por la Baronesa Louise Casey, tras una revisión exhaustiva del fenómeno de la explotación sexual infantil en grupo en Inglaterra y Gales. Su informe, hecho público tras meses de trabajo, denuncia lo que califica como «un fracaso colectivo» para enfrentar la realidad étnica de los perpetradores, señalando que, a pesar de la evidencia acumulada a lo largo de años en procesos judiciales y revisiones locales, las instituciones se mostraron reacias a registrar o analizar esos datos por temor a parecer racistas o a provocar tensiones sociales.
«El abuso sexual infantil es atroz, lo cometa quien lo cometa, pero ha habido suficientes condenas en todo el país contra grupos de hombres de origen asiático como para haber ameritado un examen más detenido. En lugar de eso, hemos visto ocultamiento», escribe Casey en el informe, del que han emergido una docena de conclusiones que el gobierno, ahora liderado por el laborista Keir Starmer, se ha comprometido a implementar en su totalidad.
«A menudo eran forzadas a tener sexo oral y vaginal con múltiples hombres el mismo día, todo ello en pisos sucios y sobre colchones rancios», ha dicho el fiscal
La decisión de recopilar sistemáticamente información sobre la etnicidad de los sospechosos responde a una laguna grave en las bases de datos nacionales: actualmente, según el informe, no se registra esa información en dos tercios de los casos. Aunque el informe reconoce que no se pueden extraer conclusiones definitivas a nivel nacional debido a la insuficiencia de datos, sí detalla que en tres jurisdicciones, concretamente Greater Manchester, South Yorkshire y West Yorkshire, existe evidencia sólida que indica una sobrerrepresentación de «hombres de origen asiático» entre los sospechosos de explotación sexual infantil en grupo. Este patrón, observado también en investigaciones locales previas y en procesos judiciales, justifica, según la revisión, una mayor indagación.
La categoría «asiático», tal como se emplea en el contexto británico, ha sido objeto de controversia y confusión. A diferencia del uso más amplio que se le da en otras regiones del mundo, en el Reino Unido, y particularmente en los registros estadísticos y policiales, el término «Asian» hace referencia, en la mayoría de los casos, a personas originarias del sur de Asia, principalmente de países como Pakistán, Bangladés e India. En los casos más notorios de explotación sexual infantil en grupo, como los escándalos ocurridos entre los años 1990 y 2010 en Rotherham, Rochdale, Telford u Oxford, en los que decenas, e incluso centenares de niñas, muchas de ellas bajo tutela estatal o en situación de vulnerabilidad, fueron abusadas sistemáticamente por redes de hombres, la mayoría de los perpetradores condenados eran ciudadanos británicos de segunda o tercera generación con ascendencia pakistaní.
La falta de precisión en la recolección de datos étnicos y la decisión deliberada de no desagregarlos han contribuido, según el informe, a una doble injusticia: la falta de protección a las víctimas y el daño reputacional infligido a comunidades enteras. Casey fue explícita al respecto: «Se está perjudicando a dos grupos de población: la comunidad de origen pakistaní o asiático, y a las víctimas», declaró en una entrevista con la BBC. Para ella, no nombrar a los responsables con precisión no evitó el racismo, sino que lo facilitó, al dejar el terreno libre a la desinformación y la estigmatización.
La investigación de Casey se suma a una larga serie de estudios, revisiones internas y reportajes periodísticos que, desde hace más de una década, vienen revelando una misma realidad: niñas que fueron ignoradas, desacreditadas e incluso criminalizadas cuando denunciaron haber sido víctimas de redes de explotación sexual. «Si hubiéramos hecho esto bien hace años, si hubiéramos visto a estas niñas como niñas violadas en lugar de adolescentes descarriadas, si hubiéramos recogido los datos étnicos y reconocido como sistema que no estuvimos a la altura, probablemente hoy no estaríamos aquí». «Estoy furiosa. Estoy furiosa en nombre de las víctimas», dijo Casey. «No trataron a las víctimas como merecían».
Ante la gravedad de las conclusiones del informe y la presión pública, el gobierno británico anunció que pondrá en marcha una investigación nacional independiente, tal como lo recomendó la propia Casey. Esta investigación, que será una «statutory inquiry», es decir, una investigación oficial con base legal y poderes para citar a declarar y exigir documentación, tendrá como objetivo examinar cómo y por qué distintas instituciones públicas fallaron de manera sistemática en la protección de las menores. Estará coordinada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), que también liderará una nueva operación policial centrada en revisar casos no investigados o archivados en el pasado.
Entre otras medidas recomendadas por Casey y aceptadas por el gobierno figuran la reforma legal para asegurar que cualquier adulto que tenga sexo con penetración con una persona menor de 16 años sea acusado automáticamente de violación o la revisión de condenas a víctimas que fueron criminalizadas injustamente.
La ministra, en su intervención ante la Cámara de los Comunes, ofreció una disculpa explícita «a las víctimas y supervivientes de explotación sexual y de estas bandas, en nombre de este y de anteriores gobiernos, y de las numerosas autoridades públicas que les fallaron, quiero reiterar una disculpa inequívoca por el dolor y el sufrimiento inimaginables que han sufrido, y por el fracaso de nuestras instituciones para prevenir ese daño y mantenerles a salvo».
Uno de los testimonios que más ha resonado tras la publicación del informe ha sido el de Fiona Goddard, una superviviente de una red de abuso en Bradford. En declaraciones a la BBC, Goddard afirmó que la gran mayoría de sus agresores eran «hombres paquistaníes», y añadió: «No creo que fuera simplemente un malentendido, o una falta de comprensión del crimen o de las víctimas. Creo que se permitió que ocurriera, en parte por la raza de los perpetradores, y en parte por quiénes eran las víctimas».
Para Casey, esta dinámica no puede entenderse al margen del temor de las instituciones a provocar tensiones comunitarias. «Hemos encontrado muchos ejemplos de organizaciones que evitaban abordar el tema del todo por miedo a parecer racistas, a generar tensiones comunitarias o a causar problemas de cohesión social», señala el informe.
A pesar de la contundencia del informe, persisten grandes lagunas en el conocimiento del fenómeno. Casey reconoce que aún no se puede determinar con precisión la escala de la explotación sexual infantil en grupo en el Reino Unido. «Es un fracaso de la política pública durante muchos años que sigamos teniendo datos tan limitados y poco fiables en este ámbito», afirma. La revisión urge al gobierno a investigar las causas subyacentes del fenómeno, incluyendo factores culturales y el papel de las redes sociales.
La falta de progreso real a lo largo de los años también ha sido motivo de frustración para la autora del informe. En declaraciones posteriores, recordó que una década antes realizó una inspección en el Ayuntamiento de Rotherham, epicentro de uno de los escándalos más notorios de abuso sexual infantil. «Pensé que las cosas habrían cambiado enormemente desde entonces», dijo. «Pero no. No se ha hecho nada. Es un ejemplo clásico y triste del fracaso del Estado en tantos niveles». «Cuando no hablamos de los hechos, cuando nos escondemos detrás del miedo, no protegemos a nadie. Sólo ayudamos a los que hacen daño», apuntó.
La publicación de este informe ha provocado un raro consenso político en Westminster. La líder conservadora Kemi Badenoch declaró que este avance es «una victoria para las víctimas, que llevan años exigiendo justicia».