El CES critica que la ley de reducción de jornada no mide bien su impacto económico

Aunque este documento no tiene carácter vinculante, la opinión del CES –un organismo cuya opinión deja sentada cátedra en muchas leyes del Ejecutivo– incluye algunos varapalos a la norma que ahora Trabajo deberá evaluar si incluye o no en el proyecto de ley acordado con UGT y CC.OO., que participan en el CES, y posterior trámite parlamentario. En lo que respecta a la memoria económica, el Consejo considera que Trabajo debería haber realizado un estudio «en profundidad» que determinara «con máximo rigor» tanto los efectos económicos de la reducción de jornada como el alcance de «los impactos indirectos o a medio plazo» que se esperan al pasar de 40 a 37,5 horas.

Ese anexo al anteproyecto apuntaba que la reducción de jornada implicaría un incremento del coste salarial por hora trabajada de hasta un 6,67%; que los cambios se concentran en las microempresas y en sectores como hostelería, comercio y agricultura; o que la productividad aumentará. Sin aportar muchas más explicaciones, como ahora le reprocha el CES.

También se adentra en una de las cuestiones clave de la ley: su aplicación y posible adaptación a la realidad laboral. La norma determina que antes del 31 de diciembre de 2025 todas las empresas deben haber reducido su jornada en media hora diaria. Aunque el dictamen del organismo consultivo indica que «resulta aconsejable dotar al anteproyecto de un marco más flexible que permita un cumplimiento efectivo de la norma». Lo hace en el mismo párrafo en el que el CES recuerda que esta iniciativa tiene gran alcance por lo que hay que tomar «suficientemente en cuenta» la «gran diversidad del tejido productivo, tanto sectorial como por tamaño. Y pide a Trabajo que tenga en cuenta las circunstancias «heterogéneas» que hay en el conjunto de negocios.

Además, el CES pide «contemplar un régimen transitorio suficiente» que permita a las empresas sin convenio colectivo la adaptación de sus sistemas de organización ante la nueva norma. Incluso también para las empresas que tienen acuerdos laborales propios debe tenerse en cuenta su particularidad. Y aconseja revisar la situación de las empresas que tienen contratos públicos en vigor por el impacto que también tendrá.

Las críticas alcanzan a las otras dos patas de la norma: la desconexión digital y el registro horario. En el primer caso, pide «clarificar» la ley, que se tengan en cuenta a los sectores «con necesidades propias» y advierte del «riesgo grave» de justifica excepciones a esa desconexión. En cuanto al registro, el CES pide a Trabajo tener en cuenta las «dificultades que su cumplimiento entraña en muchos casos», una de las advertencias que vienen lanzando la patronal.

Incluso hecha en falta el CES el papel que debe jugar el Consejo de Estado en este proceso, algo que estaba previsto inicialmente. «Sería de interés» que elaborase su informe por la «gran relevancia» de las materias que trata y que afectan a millones de trabajadores de todo el país. Incluso critica la «excesiva premura» con la que Trabajo envió el texto del anteproyecto a los empresarios, una circunstancia «que limitaba aún más» su labor y «dificultó» su trabajo de análisis.

En términos generales, el dictamen del CES reconoce la «importancia» de reducir la jornada, pero señala las «diferencias significativas» entre sindicatos y patronal. Para unos, debe hacerse por ley, y para los otros, debe ser la negociación colectiva la que vaya marcando cómo debe ser el recorte de jornada a lo largo de los años.