El Parlamento Europeo advierte de la politización de la Fiscalía en España

La Comisión LIBE del Parlamento Europeo ha aprobado un informe que identifica y condena prácticas que erosionan los pilares fundamentales del Estado de Derecho: reformas legislativas con nombre y apellidos, dirigidas a proteger a personas del entorno político y personal del presidente del Gobierno; comisiones parlamentarias creadas para desacreditar resoluciones judiciales, interfiriendo directamente en la separación de poderes; y una Fiscalía encabezada por una persona imputada por el Tribunal Supremo, que continúa en el cargo bajo el amparo del Gobierno, comprometiendo la imparcialidad institucional. «Estas no son advertencias teóricas ni debates doctrinales. Son hechos y el Parlamento Europeo ha tenido el valor político de señalarlos», recalcó el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos.

Gracias a las enmiendas del PP, el informe denuncia cualquier reforma judicial 'ad hominem', es decir, dirigida a casos o personas concretas, por considerar que estas vulneran la igualdad ante la ley y la independencia judicial, dos pilares básicos del marco jurídico europeo.

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Aunque el informe parlamentario no se centra en enumerar los casos nacionales concretos, se hace hincapié en la autonomía de la Fiscalía como pieza esencial en la lucha contra la delincuencia y la corrupción. En este sentido, reclama garantías claras que impidan la injerencia política en su funcionamiento, especialmente desde los gobiernos nacionales. «No puede haber Estado de Derecho si el Ministerio Fiscal se percibe como un brazo del Gobierno y no garantiza la justicia imparcial. En España, la situación es especialmente grave: el Fiscal General del Estado está imputado por el Supremo. La mera continuidad en el cargo compromete la credibilidad de la institución y la confianza ciudadana en la justicia», expuso Zarzalejos.

La preocupación por la instrumentalización política de la justicia se refleja en un párrafo en el que los populares advierten que la creación de comisiones parlamentarias para revisar la actuación judicial constituye una amenaza directa a la independencia del poder judicial. Según denuncian, este tipo de órganos como los que se han creado en el Congreso español suponen «una injerencia evidente» al someter decisiones judiciales -–en busca de supuestos casos de 'lawfare'– al escrutinio político.

En un momento en el que el Gobierno de Sánchez está acorralado por los escándalos, el informe de la Eurocámara pone el énfasis en la lucha contra la corrupción, reitera la necesidad de una justicia independiente, imparcial y accesible, denuncia interferencias políticas en los sistemas judiciales y fiscales de varios Estados miembros y reclama estrategias nacionales anticorrupción eficaces.