Desesperanza entre los interinos tras la sentencia del Supremo: cómo les afecta
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio un balón de oxígeno a los interinos en España en el mes de enero de este año al sentenciar que en nuestro país no había suficientes desincentivos a que la Administración Pública abusara de la temporalidad en el empleo público y que, para evitarlo, una posible solución era convertir de manera automáticamente a todos los indefinidos de larga duración (los que llevan trabajando para el sector público durante años con contratos que se han ido prorrogando una y otra vez) en trabajadores fijos.
Fue una sentencia que dio alas a la esperanza de este colectivo, que lleva años reivindicando que se abran procesos selectivos para que puedan ocupar de pleno derecho su plaza y que también se sienten perjudicados porque, en las veces en que sí se abren, a veces no aprueban y se van a la calle sin derechos después de muchos años. El Tribunal Supremo, sin embargo, ha vertido un jarro de agua fría sobre este colectivo.
¿Qué ha dicho el Supremo?
En una sentencia del 29 de abril, este Tribunal unifica doctrina después de dos sentencias de dos tribunales superiores de justicia contradictorias: en una se permitía que una trabajadora no fija optara a un concurso de traslados y en la otra se le negaba esta posibilidad, al considerar que es un derecho reservado para personal fijo.
El Supremo falla al respecto que efectivamente la trabajadora interina no tenía ese derecho y determina que no se pueden considerar iguales a un trabajador que ha accedido a su plaza después de pasar un proceso de oposiciones en función de su mérito y capacidad con otro que simplemente ha sido contratado para ocupar esa plaza.
¿Dice algo sobre la conversión "automática" que proponía el TJUE?
Sí, aunque el fondo de la sentencia es otro, el Supremo ha aprovechado este fallo para pronunciarse sobre la sentencia del TJUE y señala que no se puede interpretar de las palabras del tribunal europeo que proceda realizar una transformación judicial automática de todos los trabajadores interinos de larga duración en fijos, algo que sería contrario a la forma en que España autoorganiza el funcionamiento de su Administración Pública y a los principios de mérito y capacidad que determinan el acceso a plazas de funcionario.
Aún así, tal y como ha adelantado este miércoles Expansión, tras emitir esta sentencia el Supremo ha presentado una cuestión prejudicial al TJUE para preguntarle si el sistema de oposiciones a la Administración Pública en España vulnera el derecho europeo. Previsiblemente, hasta que el TJUE no se pronuncie los tribunales españoles no resolverán juicios sobre este asunto, al no tener claro si nuestra legislación es contraria a la europea.
¿Cómo afecta a los interinos?
De momento todo sigue igual para este colectivo, a menos que el TJUE inste al Gobierno español a emprender algún cambio legislativo que pueda beneficiarles en su próximo pronunciamiento. Es cierto que el Ejecutivo se comprometió con la Unión Europea como parte de su Plan de Recuperación a reducir la tasa de temporalidad de la Administración Pública, que en España se sitúa a cierre del primer trimestre en el 29,5%.
En concreto, el Gobierno ha prometido bajarla hasta el 8%, pero lo cierto es que desde entonces no ha dado ningún paso para conseguirlo y la tasa sigue en torno al 30%, casi cuadruplicando el objetivo que deberíamos cumplir ya este año.
¿Cuántos trabajadores temporales tiene el sector público?
Según la última EPA, de los 3,55 millones de trabajadores públicos que hay en el país, más de un millón tienen un contrato temporal, algo especialmente habitual en sectores estratégicos como la Sanidad y la Educación.
El sindicato más representativo del empleo público, CSIF, pidió ayer a las Administraciones que "rindan cuentas" por la elevada tasa de temporalidad, que "se endurezcan las medidas frente a las administraciones que no cumplan la Ley y que se elimine de una vez por todas la tasa de reposición".
"Esta medida es fundamental para acabar con la temporalidad (para que se pueda contratar por encima de las jubilaciones, haciendo un plan de recursos humanos y evitar así seguir contratando interinos). El ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, lo anunció pero no tiene concreción legal. CSIF reclamó incluirlo en el proyecto de Ley de Medidas anticrisis actualmente en el Congreso (en la parte de Función Pública) pero no se admitió nuestra propuesta de enmienda", lamentan.