El Congreso obvia la Constitución al «mutilar» enmiendas del Senado

Todo se remonta a la tramitación de la ley en el Senado, donde el Gobierno propuso el veto de cuatro enmiendas registradas por PP, ERC y Junts –para rebajar el IVA de los alimentos básicos y beneficiar a agricultores y ganaderos con medidas como la cogeneración de purines– al alegar que afectaba a los presupuestos. El artículo 134.6 de la Constitución le faculta a ello siempre que las propuestas impliquen un incremento del gasto o afecten a la recaudación. Y según fuentes cercanas al PSOE, en este caso suponían mil millones de euros menos a las arcas.

No obstante, la Mesa del Senado, con un informe jurídico de sus letrados, levantó el veto del Gobierno al considerarlo improcedente. Las enmiendas, por tanto, se tramitaron con normalidad y fueron aprobadas por el Pleno. Todos los cambios introducidos en una ley por la Cámara Alta deben recibir el visto bueno del Congreso, pero es el Pleno el órgano que debe pronunciarse sobre cada uno, como recoge expresamente el artículo 90.2 de la Constitución. El Ejecutivo era consciente de que no tenía mayoría para impedir la aprobación de esas enmiendas y activó una maniobra en la Mesa de la Cámara Baja, controlada por PSOE y Sumar.

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Isabel Miranda

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Sus miembros llevaron el veto del Gobierno 'in voce', a pesar de que esas enmiendas ya formaban parte de la ley, y el letrado mayor, Fernando Galindo, advirtió verbalmente –al no estar el asunto en el orden del día no hubo posicionamiento por escrito– que la decisión adoptada por los partidos del Ejecutivo era contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Fuentes cercanas al PSOE apuntan que sus miembros en la Mesa consideran inconstitucional la decisión del Senado de ignorar el veto del Gobierno. Pero en vez de plantear un conflicto institucional o acudir a los tribunales, optaron directamente por excluir unas enmiendas que la Cámara Alta había aprobado soberanamente.

El PP movió ficha este miércoles por la tarde. Además de pedir un informe jurídico del letrado mayor, registró un escrito para solicitar el aplazamiento del debate de la ley de desperdicio alimentario, otro para revocar el acuerdo de la Mesa y un tercero de reconsideración. Los populares reclamaron una reunión urgente del órgano rector de la actividad parlamentaria antes de la reanudación del pleno para analizar sus recursos –los independentistas también habían pedido la reconsideración–, pero el PSOE convocó la Junta de Portavoces para discutir el asunto una hora antes de la sesión, a las ocho de la mañana.

Ahí, el PSOE fue el único grupo que se opuso a aplazar el debate de la ley, que en ningún caso era una norma urgente, y ese argumento le valió a Gómez de Celis para, al no haber unanimidad, negarse a modificar el orden del día. No obstante, el artículo 67.4 del Reglamento del Congreso exige la unanimidad de la Junta de Portavoces para «la inclusión» de un nuevo asunto a tratar, que no para cambiar el orden previamente establecido.

Para ello, como recoge el Reglamento y confirman fuentes jurídicas consultadas por ABC, el órgano competente es el Pleno. El artículo 68.1 de esta normativa, que tiene rango de ley, establece que el orden del día del Pleno puede ser alterado por este a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados. Lo solicitaron tres grupos, PP, ERC y Junts, y más de una quinta parte de sus señorías, porque solo los 137 populares ya rebasan ese requisito.

Gómez de Celis se negó. Fuentes del PSOE alegaron después una supuesta capacidad del Gobierno de recuperar de nuevo ese debate aunque el Pleno previamente hubiese decidido aplazarlo. Citan el artículo 67.3 del Reglamento, que, de nuevo, habla de la posibilidad de que «se incluya» otro asunto. Las fuentes jurídicas consultadas por ABC niegan que el 67.3 pueda revertir lo decidido por el 68.1, que además es un precepto, agregan, de aplicación automática. En apenas minutos tras su aprobación, la ley estaba en el Boletín Oficial de las Cortes. Un trámite que suele durar días o incluso semanas.

Antes, todo esto se tradujo en una gran tensión en la sesión plenaria. El portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, tomó la palabra a las nueve de la mañana y pidió modificar el orden del día para retirar la norma. Gómez de Celis ganó tiempo diciendo que le concedería hablar antes del debate de la ley, pero Tellado protestó airadamente con un ejemplar del Reglamento del Congreso en la mano. El presidente «accidental», como lo definió el diputado del PP, le llamó al orden y le pidió que se sentase, a lo que la bancada popular, desafiante, respondió poniéndose en pie y dando palmadas sobre la madera del hemiciclo.

Justo antes del debate de la ley, Tellado, Josep Maria Cruset (Junts) y Teresa Jordà (ERC) –esta última en un tono equidistante– reclamaron que se aplazase hasta que la Mesa resuelva sus recursos. Nada. Tomó la palabra el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, y dijo que la unanimidad para modificar el orden del día es necesaria para proteger a las minorías y que una mayoría no pueda decidir que no se discutan iniciativas molestas. Un argumento, no obstante, sin aval reglamentario. A Gómez de Celis le valió y dio comienzo la discusión de una norma en la que el Gobierno aun así encajó derrotas, al aprobarse que se permita la caza de lobos al norte del río Duero.

«Han mutilado un texto procedente del Senado, no existen precedentes en casi cincuenta años de democracia», lamentaba Tellado. Los socialistas insisten en que el error de base es la decisión «inconstitucional» de la Mesa de la Cámara Alta al ignorar el veto a esas enmiendas. El PP y Junts, como 'vendetta', cambiaron su posición en otra ley, con la que se creaba una Agencia Estatal de Salud Pública, y la tumbaron tras haberla apoyado en comisión.