Pero en el juego político a veces las palabras van por un lado y la realidad por otro. La sanidad andaluza se sitúa entre las que presenta menor grado de privatización en España, muy lejos del registro de Cataluña, que está gobernada desde agosto de 2024 por el socialista Salvador Illa. Así lo refleja la Estadística de Gasto Sanitario Público 2023, que publicó el Ministerio de Mónica García en 2025. Es la radiografía territorial más reciente y homogénea de los contratos que realizan las comunidades autónomas comparando datos de 2022.
Para conocer la cifra actualizada hay que escudriñar las cuentas andaluzas. Los conciertos con clínicas privadas representan apenas el 3,1 por ciento del presupuesto total que manejará el SAS en 2026. La Junta de Andalucía reserva el próximo año casi 493 millones de euros a la «asistencia sanitaria con medios ajenos». En esta partida se incluyen los contratos con entidades privadas para brindar a pacientes una atención especializada (289,74 millones) o para descargar a la sanidad pública de las listas de espera en las terapias oncológicas, intervenciones quirúrgicas programadas y pruebas como tomografías o resonancias.
La suma de estos conceptos no varía con respecto a la partida que tiene el SAS para 2025, aunque el peso del gasto destinado a conciertos disminuye proporcionalmente porque la agencia pública tendrá un presupuesto superior el próximo año. La entidad que gestiona la red de hospitales y centros de salud de la comunidad autónoma tiene asignado un presupuesto de 15.760,67 millones de euros para el próximo año, frente a los 14.873 millones que maneja en 2025, cuando los conciertos suponen el 3,3 por ciento de sus cuentas.
Las estadísticas oficiales que refutan a la ministra
Las cifras bailan dependiendo de si se toma en cuenta el gasto de toda la Consejería de Sanidad o de su principal brazo operativo, que es el SAS. Según la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) que publicó el Ministerio en 2025, durante 2023 los conciertos representaban el 10 por ciento del gasto sanitario público en España. Pero Andalucía no llegaba ni a la mitad de promedio en 2022: un 4,4 por ciento y 624 millones de euros, según el cálculo que realiza Sanidad al analizar el peso que los conciertos tienen en el gasto total autonómico.
Cataluña, por ejemplo, quintuplicó esa cifra al destinar a clínicas privadas 3.512 millones de euros, un 22 por ciento de la tarta total, en 2022, con el gobierno saliente de Esquerra Republicana de Catalunya, apoyado en el Parlamento por el PSC. Le sigue la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP), con 1.395 millones y un 11,7 por ciento del gasto sanitario. En el País Vasco, con un Ejecutivo del PNV, los conciertos representaban el 7 por ciento del gasto.
La privada como un complemento, no un sustituto
La Junta de Andalucía ha recurrido a la sanidad privada como un complemento de la prestación pública y no un sustituto para aligerar las listas de espera en operaciones quirúrgicas, pruebas y determinadas especialidades médicas. Esto no es ninguna novedad. Antes de que el PP llegara a la Presidencia de la Junta de Andalucía, los conciertos con clínicas privadas ya eran una práctica habitual en la etapa del PSOE.
En 2012, con María Jesús Montero al frente de la Consejería de Salud, el gasto en de asistencia sanitaria consumía el 4,69 por ciento del presupuesto dconciertosel SAS. Justamente en dicho ejercicio, la actual candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta firmó siete conciertos sanitarios por un montante de 485 millones de euros. Fue un gobierno socialista quien ideó el actual modelo de derivaciones de determinadas operaciones a clínicas privadas que ha seguido utilizando el PP para desatascar las listas de espera.
En 2018, el último año del Gobierno de Susana Díaz (PSOE), el 4,23 por ciento del gasto sanitario iba destinado a conciertos. En 2021, un año después de la pandemia que disparó el número de personas que aguardaban una operación, el porcentaje alcanzaba el 3,84 por ciento, según un cuadro que facilitó el SAS en 2022.
493 millones es la cuantía que las cuentas del SAS reservan para «asistencia sanitaria con medios ajenos», según el proyecto de presupuestos de 2026
En su comparecencia este viernes en una comisión del Parlamento andaluz para explicar los presupuestos para 2026, el nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, aseguró que su Consejería (que incluye también el SAS) dedicará un 3,47 por ciento del presupuesto a los conciertos.
«Un año más vuelven a bajar los conciertos pese a los discursos que mantiene la izquierda», advirtió. «Es el ejercicio en el que menos se destina a la actividad concertada», precisó el consejero. En concreto, se trata de un 0,23% menos que en 2025; un 0,83% menos que en 2018 y un 1,58% menos que en 2014, cuando alcanzó más de cinco puntos porcentuales, sostuvo.
La sanidad, un arma electoral
En los múltiples achaques que muestra la sanidad pública andaluza como las listas de espera, las demoras en la Atención Primaria, la doble investigación judicial por contratos de emergencia y últimamente los graves fallos en el cribado de cáncer de pecho, el PSOE ha encontrado gasolina para caldear la hoguera del descontento contra la gestión andaluza.
El presidente apuesta por reformar a fondo el modelo del SAS, consciente de que la presión en la calle va a ir a más de aquí hasta las elecciones previstas la próxima primavera. La movilización del pasado domingo a las puertas del Palacio de San Telmo, la sede de la Presidencia autonómica, no será la única a la que se enfrente.
A los cien días de su proclamación como líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero prometió que, si gobierna, aprobará una ley para limitar los conciertos con las clínicas privadas en la sanidad pública y para que «jamás puedan concertarse las consultas de la Atención Primaria».
Ni el Gobierno ni el PSOE van a dejar de agitar el fantasma de la privatización para abrir un boquete en la sólida mayoría absoluta del PP en Andalucía, mucho menos ahora que el escándalo de los cribados ha saltado a los telediarios nacionales.