Así queda la ley de amnistía: amplio perdón para el terrorismo, la malversación y los hijos de Pujol

Las cuatro enmiendas transaccionales pactadas entre el PSOE, Junts y ERC para blindar la ley de Amnistía conforme a las exigencias de Carles Puigdemont aluden al informe preliminar de la Comisión de Venecia sobre la amnistía y al derecho europeo e internacional para justificar los nuevos cambios que se introducen en la proposición de ley. Las enmiendas han sido acordadas y rubricadas por el PSOE, Junts y ERC, pero también llevan la firma de los grupos parlamentarios que las van a apoyar, Sumar, EH Bildu y el PNV. Tres de ellas afectan al articulado y la cuarta al preámbulo.

Las modificaciones hechas al preámbulo recalcan que "el objetivo de esta norma pasa por finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista".

En relación con los delitos de terrorismo, la enmienda señala que "se excluyen del ámbito de la amnistía los actos que constituyen graves violaciones de derechos humanos, tomando también en consideración las directrices del Consejo de Europa sobre la impunidad de violaciones graves de derechos humanos". La nueva redacción elimina completamente cualquier referencia al Código Penal español.

En el nuevo texto se justifica este cambio señalando que "la ley de Amnistía ha sido diseñada en coherencia con los compromisos europeos e internacionales en materia de derechos humanos, siguiendo directrices de tratados y organismos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humano".

La enmienda concluye que con este enfoque "se refleja un compromiso con la protección de los derechos fundamentales, equilibrando la amnistía con el respeto de los derechos humanos y los compromisos internacionales de España".

Igualmente, la nueva redacción señala que se pretende hacer una "definición precisa y detallada para los actos susceptibles de ser amnistiados" y se cita en concreto la exclusión del borrado penal para "los actos de malversación que implican un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial".

Y puntualiza: "En este sentido, sólo podrán beneficiarse de la amnistía aquellos actos en que los fondos públicos se destinaron a la preparación, realización y consecuencias de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017, así como los que se destinaron a reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña".

Perdón a las multas del procés

Otro punto que se modifica en la proposición de ley es el que hace referencia al artículo 7 con el objetivo de obligar a la Administración a devolver el dinero de las multas que los cuerpos policiales impusieron durante los años del procés en manifestaciones, acciones de protesta o la propia celebración del 1-O bajo el amparo de la ley de seguridad ciudadana.

El perdón de estas multas sólo se exceptúa cuando se trate de infracciones "muy graves" y "siempre que, a criterio de la Administración que impuso la sanción, se estime que concurren para ello criterios de proporcionalidad". Esto permitirá a cientos de personas sancionadas con multas leves o graves recuperar el dinero.

Además, las enmiendas modifican el ámbito temporal que ampararía la medida de gracia estableciéndolo ahora desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Anteriormente, el plazo que se contemplaba comenzaba a contar desde el 1 de enero de 2012.

El texto señala expresamente que el 1 de noviembre de 2011 es la fecha en la que "comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista". Ello implica incluir bajo el paraguas de la amnistía las primeras reuniones de la cúpula de Convergència para poner en marcha la consulta ilegal del 9-N de 2014 en una de las cuales participaron tres hijos de Jordi Pujol: Jordi, Oriol y Josep.