El Ejecutivo agilizará la construcción de vivienda favoreciendo las licencias rápidas para promotores
El Gobierno prepara medidas para fomentar la inversión en construcción y aumentar así la oferta de vivienda. El Ejecutivo tiene diagnosticado que una parte de los malos datos de inversión están directamente relacionados con la construcción, lo que lastra el problema de accesibilidad a la vivienda. Para abordar este y otros retos, el presidente, Pedro Sánchez, y los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y Vivienda, Isabel Rodríguez, se han reunido este jueves con representantes del sector. Al término del encuentro, la ministra de Vivienda ha anunciado que este mismo día saldrá a consulta pública la modificación de una orden que se relaciona con la tasación de activos inmobiliarios y que actualmente dificulta el uso de licencias rápidas para iniciar promociones de vivienda.
“Hay ayuntamientos y comunidades autónomas que ya están trabajando en la agilidad de esos trámites”, ha señalado Rodríguez en una comparecencia ante los medios para dar cuenta de la reunión. La ministra se ha referido a diferentes fórmulas de licencias básicas (aunque en algunos sitios se pueden llamar “sencillas”, “agilizadas” o términos similares) que suponían “un problema a la hora de facilitar la financiación” porque no existían cuando se dictó la orden, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y data del año 2003. Con la modificación de esa orden, el Ejecutivo aprovechará para que en esos criterios de valoración de los proyectos que hacen las tasadoras se contemplen también nuevas formas constructivas (como la edificación industrializada) o se incorporen factores medioambientales.
Este tipo de licencias rápidas exigen menos requisitos que las de construcción habituales, según fuentes al tanto de los planes del Gobierno. Por ejemplo, no piden el aseguramiento contra incendios. Las han puesto en marcha algunos ayuntamientos, como el de Madrid, y muchos otros municipios están adoptándolas porque son una reivindicación del sector, que se queja de que el largo proceso burocrático encarece la promoción y, por consiguiente, repercute sobre los precios de las casas. Pero hasta ahora no hay unos criterios claros de cómo hacerlas. Y eso dificulta que el tasador pueda darlas por buenas para hacer su trabajo, lo que a su vez es fundamental para que, con ella, el promotor acuda a la entidad bancaria y consiga la financiación para arrancar las obras. La ministra ha señalado que la orden también servirá para que administraciones que aún no las han adoptado “tengan una base en la que inspirarse”.
Además, en su tarea de agilizar la construcción, el Ejecutivo ya ha llevado al Congreso la reforma de la ley del suelo, que se quedó colgada la pasada legislatura. Eso, ha recordado Rodríguez, va a permitir corregir defectos formales del plan urbanístico sin que este tenga que decaer por completo y tener que iniciarse desde cero, como podía ocurrir. También se evita que cualquier ciudadano esté legitimado para denunciarlo y se elimina la posibilidad de que ese procedimiento se retire a cambio de una contraprestación económica, algo que generaba denuncias interesadas. Todo ello, cree el Ejecutivo, brindará seguridad jurídica para los promotores. Otra pata será buscar fórmulas para atraer trabajadores al ladrillo, la principal queja que ahora mismo tiene el sector.
“Limitar” los pisos turísticos
En la reunión de este jueves también se ha puesto sobre la mesa, entre otros asuntos, la regulación de los pisos turísticos. Antes del encuentro, Rodríguez ha señalado en una entrevista radiofónica en la Cadena SER que es consciente de que entre los diferentes actores que participan del sector inmobiliario existen “intereses contrapuestos”. Pero ha insistido en la necesidad de buscar puntos de encuentro para impulsar la construcción de vivienda, particularmente a precios asequibles. España queda muy lejos del 9% de vivienda social que de media tiene Europa, y el Gobierno se ha propuesto elevar ese porcentaje que hoy se calcula como máximo en el 2,5% del total del parque. La ministra ha insistido en que hay otros elementos que afectan a los precios, y se ha referido específicamente al alquiler turístico, que ha abogado por “limitar” en las zonas de precios tensionados.
El Ejecutivo creó hace meses un grupo de trabajo entre varios ministerios para estudiar medidas al respecto, aunque es consciente de que se trata de una materia transferida a las comunidades autónomas. “No quiero entrar en sus competencias, pero esto es de mi incumbencia porque está tensionando el mercado residencial y el derecho de acceso a la vivienda”, ha dicho la ministra en Cadena SER. En su comparecencia ante los medios tras la reunión, la ministra ha puntualizado que una posibilidad es llevar medidas concretas a la próxima conferencia de presidentes, en la que participan todos los líderes autonómicos.
Además, en el encuentro se ha acordado, según ha revelado la ministra, celebrar este tipo de reuniones entre el Gobierno y el sector con periodicidad semestral (aunque el presidente del Gobierno iría “al menos” una vez al año). Y también se han debatido medidas para agilizar la ejecución de fondos europeos de recuperación relacionados con la vivienda o para incorporar a organizaciones sin ánimo de lucro al alquiler asequible. Es decir, que asociaciones de este tipo puedan captar o ser propietarias de pisos destinados a un arrendamiento más barato que el de mercado.
Esta semana el Ejecutivo ha tratado de dar un impulso a sus políticas de vivienda. El lunes, Sánchez anunció en Dos Hermanas (Sevilla) la supresión de los visados dorados o golden visa por motivos de inversión inmobiliaria. Este procedimiento, que se puso en marcha en 2013, permite obtener el permiso de residencia en España a ciudadanos extranjeros que gastan al menos 500.000 euros en inmuebles. Ese fue uno de los asuntos que el Ministerio de Vivienda llevó al Consejo de Ministros del martes. En el mismo, Rodríguez también informó de la marcha de los fondos europeos relacionados con la construcción de vivienda social y la rehabilitación.
La reunión semanal del Ejecutivo también sirvió para poner en marcha dos convenios con el ICO. El primero, para dar avales hipotecarios a jóvenes hasta 35 años o familias con menores a cargo, vio la luz verde definitiva. Además, se puso en marcha la línea de avales para construcción de viviendas de alquiler asequible en fórmulas de colaboración público-privada, en las que el Estado está dispuesto a avalar hasta un 50%, según anunció el Gobierno.
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