Dimiten dos puestos clave de la Consejería de Salud de Andalucía en plena crisis sanitaria en la comunidad
El viceconsejero andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzmán, y el gerente del Servicio Andaluz de Salud, Diego Vargas, han presentado su dimisión “por motivos personales”, según ha adelantado El Periódico de España y ha podido confirmar este diario. El abandono de los responsables de dos de los principales cargos encargados de gestionar la sanidad de la comunidad se produce en plena crisis por la situación de este servicio público donde al colapso de la atención primaria, se ha sumado la reciente confirmación de que más de un millón de andaluces se encuentran en lista de espera para ser operados o tener cita con un especialista y el anuncio de un concierto millonario con la privada para tratar de aliviar esa situación.
El Consejo de Gobierno abordará este miércoles la sustitución de estos dos cargos clave en la estructura sanitaria de la comunidad. Fuentes oficiales han confirmado a este diario que la nueva viceconsejera de Salud será María Luisa del Moral, antigua secretaria general de Humanización, que abandonó su cargo al obtener acta de diputada en las Cortes Generales en las últimas elecciones generales. Al frente del SAS se situará, según esas mismas fuentes, Valle García, actual gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba.
La consejera de Salud, Catalina García, se mantiene en su cargo, confirman las mismas fuentes, aunque su gestión a partir de este momento está bajo la lupa. “Se ha rodeado de gente de su máxima confianza y si la situación si tras el cambio en los más altos niveles la cosa no cambia, se constatará que el problema no son ellos”, indican los interlocutores consultados. El abandono de estos dos cargos clave han trastocado el fin de año al Gobierno andaluz, que sabe que la sanidad es uno de los flancos débiles y la principal munición que tiene la oposición para cuestionar la gestión de la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno.
La versión oficial es que las dimisiones son por motivos personales ―”la presión a estos niveles es brutal”, sostienen las fuentes consultadas―, pero otros interlocutores con los que ha hablado este diario coinciden en que tanto Guzmán como Vargas formaban parte del equipo de la Consejería contrario a los postulados de la consejera. Cuando ambos ocupaban otros cargos de responsabilidad con el anterior consejero de Salud, Jesús Aguirre, también habían tenido choques, señalan las mismas fuentes. Además de a la gestión de las listas de espera, apuntan también a la apuesta por el ámbito privado del Departamento, que incluso llegó a cuestionar el ya exviceconsejero, pese a venir del ámbito privado.
Gestión en entredicho
Desde que llegó a su cargo, la gestión de García ha sido fuertemente criticada por los sindicatos, la sociedad civil y los profesionales ―organizados a través del colectivo Marea Blanca, que ha protagonizado tres manifestaciones multitudinarias en todas las provincias andaluzas en defensa de la sanidad pública en la segunda legislatura de Moreno―. La orden de tarificación de servicios sanitarios, que por primera vez incluía la posibilidad de concertar la atención primaria, provocó la primera gran oleada de indignación contra García, hasta el punto de tener que renunciar y comprometerse a cambiar esa norma para conseguir un acuerdo con los sindicatos sobre la atención primaria, del que se desvinculó el Sindicato Médico, que aglutina al 90% de estos profesionales en la comunidad. Un compromiso firmado en mayo que aún no se ha cumplido. En toda esta polémica, el propio Moreno reconoció no estar enterado de que la atención primaria se había incorporado a la orden de tarificación.
El anuncio de dos macroconciertos con la privada por valor de 734 millones de euros para aliviar las listas de espera, realizado en octubre, insinuaba que la demora para acudir a un especialista o ser operado iba a ser peor de lo esperado. Un dato que, después de año y medio sin actualizarse por “problemas técnicos·, se conoció en diciembre y que certificó que se trataban de las peores cifras de la serie histórica. 203.375 andaluces están pendientes de una operación, un 35,5% más que en junio del año pasado, y 841.731 aguardan a la primera consulta con un especialista. Uno de cada cuatro pacientes en lista de espera de España es andaluz. La consejera llegó a afirmar que el hecho de que crecieran estas cifras evidenciaba que la sanidad pública andaluza había mejorado y justificó las cifras en la falta de médicos y en la pandemia. Unos argumentos que rechazaron de plano los sindicatos, señalando a la mala gestión.
UGT ha sido el primero en reaccionar a las dos dimisiones que considera “forzadas” y que “para nada van a solucionar el estado de caos que vive el servicio de salud pública andaluz”. “El verdadero cambio que necesitamos es el cambio de política sanitaria que se lleva a cabo desde la Consejería de Salud y es su máxima responsable la que debe ser cesada”, ha indicado el portavoz del área de Sanidad del sindicato en Andalucía, Antonio Macías.