La UCO vuelve por tercera vez a la Diputación de Badajoz en busca de más información sobre el hermano de Pedro Sánchez
Tercer registro de la UCO (Unidad Central Operativa) en las dependencias centrales de la Diputación de Badajoz en busca de información relativa al caso que investiga la juez de Instrucción Beatriz Biedma sobre las presuntas irregularidades del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, por los delitos de por malversación, un delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, tráfico de influencias y prevaricación, tras la denuncia presentada por Manos Limpias.
Agentes de la Guardia Civil han llegado sobre las 10.00 horas a la institución pacense que preside el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y aún siguen en su interior.
El primer registro se realizó el pasado 10 de julio y luego los agentes regresaron ocho días después en busca de correos electrónicos del hermano de Pedro Sánchez y de ocho altos cargos, incluido el propio presidente de la Diputación, para intentar comprobar si se pudo cocinar la plaza que, en 2017, se le adjudicó como alto cargo (entonces Coordinador de los Conservatorios de Música y luego director de la Oficina de Artes Escénicas).
En la primera intervención de los agentes, se llevaron los correos electrónicos de David Sánchez Pérez-Castejón, Miguel Ángel Gallardo y también de tres diputados socialistas de la institución (Cristina Núñez Fernández, Francisco Martos Ortiz y Antonio Garrote Ledesma) que estuvieron implicados en el proceso de selección de la plaza de alto cargo.
Funciones de David Azagra
Contra la orden de intervención de los correos electrónicos de los ordenadores de la institución pacense, la defensa de David Azagra -nombre artístico del hermano del presidente del Gobierno- interpuso un recurso al considerar que con la intercepción se habrían vulnerado los derechos fundamentales y el secreto de las investigaciones. Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz, en un auto de respuesta, rechazó dicho recurso y señaló que la petición de los correos electrónicos debía de ejecutarse "dada la naturaleza de la investigación" y que el "período de acceso a sus correos debe extenderse desde su creación hasta la actualidad".
A juicio de la instructora, esta diligencia no afectaba al derecho al entorno digital puesto que sólo se reclaman las comunicaciones relativas al "desempeño de su función laboral" y relacionadas con los hechos que se investigan. Consideraba la juez que debe analizar los correos de Sánchez hasta la actualidad "para poder determinar con exactitud cuáles son sus funciones y cómo las desempeña", una circunstancia que está en el núcleo de la investigación.
La juez también dictó una providencia en la que reclamaba a la Diputación de Badajoz que le informe "a la mayor brevedad posible" de la fecha exacta en la que el investigado fue ubicado en su despacho actual y qué funciones tenía esas instalaciones con anterioridad.