Abalos acusa a Puente de abrir una investigación paralela a la de la Justicia para cuestionar la "legitimidad" de la compra de mascarillas durante la pandemia
El ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha registrado un escrito dirigido a la Mesa del Congreso reclamando al Gobierno que responda por escrito a una larga lista de preguntas -23 en total- para que aclare las razones por las cuales el actual titular del Ministerio, Óscar Puente, ha llevado a cabo una "auditoría interna" cuyo informe final "cuestiona la legitimidad de las decisiones políticas" tomadas en 2020 durante la pandemia de Covid para la compra de mascarillas. Ábalos considera que el informe de la auditoría "sólo orienta a trasladar y depurar una única responsabilidad" en su persona como máxima autoridad del Ministerio en 2020.
Ábalos acusa a Puente en su escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO, de haber abierto una "investigación administrativa paralela a la instrucción judicial y sin conocimiento del juzgado". Unas pesquisas en las que, añade, "se ha llegado a interrogar a imputados en un procedimiento judicial por los mismos hechos sin respetar las garantías procesales y, por consiguiente, en una clara vulneración de los derechos fundamentales de defensa y de la tutela judicial efectiva". Entre las preguntas que dirige al Gobierno incluye una reclamando información sobre el coste que ha tenido la investigación ordenada por Puente.
En el escrito, el actual diputado del Grupo Mixto asegura no poner en cuestión la intención del ministro Puente de conocer "la diligencia de la ejecución de los contratos y a dónde se han destinado las diferentes partidas de mascarillas", pero sí el que la citada auditoría "entre a valorar la legitimidad de las decisiones políticas que se adoptaron en aquel momento o aquellas para elegir un proveedor concreto u otro en un momento crucial de emergencia sin conocer los criterios de decisión y las condiciones".
También reprocha el que "habiendo un procedimiento judicial en marcha se haya indagado la legitimidad y legalidad de expedientes administrativos que son objeto de una instrucción penal; que se tome declaración paralelamente a personas investigadas ya declaradas, sin respetar los derechos de defensa que les asisten y se perjudique el mismo derecho de futuros imputados por una clara vulneración de la tutela judicial efectiva".
A ello añade el que la Dirección General de Organización e Inspección del Ministerio incurra en funciones propias del Tribunal de Cuentas sin tener competencias para ello ya que, asegura, "valora de facto los contratos que ya han sido fiscalizados por dicho Tribunal, hace una nueva inspección y valoración de lo ya sentenciado y dictaminado por el máximo órgano competente en la fiscalización de las cuentas del sector público y que no había visto ninguna irregularidad ni formal ni contractual".
Ábalos lamenta en su escrito que tanto los funcionarios como los delegados de la Intervención General del Estado no hayan advertido durante cuatro años de las supuestas irregularidades que ahora sí detectan en los expedientes como "ausencia de actas de recepción y expedición de las mascarillas y falta de documentación del control de las mismas y su depósito". Para el ex ministro, esta actitud es cuando menos "llamativa".
El escrito se refiere igualmente a las entrevistas hechas para la realización de la "auditoría" señalando que fueron "interrogatorios sin garantías y sin principio de contradicción". Y cuestiona, por último, que la dirección general bajo la que se ha realizado la investigación sea "juez y parte" y que sea "la misma persona que fue entonces (2020) responsable de la ejecución de los contratos a la que se haya encargado la dirección de esa evaluación interna".
Por todo ello, Ábalos considera que las conclusiones de la "auditoría" encargada por Puente sobre los contratos de las mascarillas son "deficientes, sesgadas e incompletas" y echa en falta incluso que no se haya llamado a participar en las entrevistas, ni hayan podido hacer alegaciones, a los miembros del gabinete ministerial durante los años 2020 y 2021, la Secretaría de Estado, la Secretaría General de Transportes, la Secretaría General Técnica o a él mismo, en su condición de ministro en el periodo citado.