El PSOE y sus socios rechazan exigir a los condenados por terrorismo que pidan "perdón" para poder presentarse a las elecciones

El PP ha expuesto hoy ante el Congreso el listado de condiciones que, a su juicio, se le debe exigir a cualquier condenado por terrorismo que pretenda ser candidato a unas elecciones. Los populares consideran que, para poder ir en listas, quienes un día cometieron esta clase de delitos deben antes acreditar "su rechazo al terrorismo, a su justificación, a sus fines y a sus medios", mostrar arrepentimiento por su actividad y pedir "perdón" a las víctimas. Sin embargo, esta opinión no es compartida entre los diputados de la Cámara Baja: solo los parlamentarios de Vox y UPN han respaldado la toma en consideración de la propuesta del PP, que ha decaído por 174 votos en contra y 169 a favor.

No es casualidad que el Congreso haya debatido este martes la posibilidad de restringir el acceso a listas electorales a quienes hayan sido condenados por terrorismo. El PP, lastrado por el "error" cometido al votar a favor de la ley que rebaja las penas de los etarras, ha llevado hoy al Pleno una proposición de ley con la que pretendía pasar página y apuntalar su postura de condena a la banda terrorista. Y, aunque el texto no ha salido adelante, los populares han aprovechado la ocasión para celebrar ese debate que se les escapó con la transposición de la polémica norma europea y obligar, ahora sí, a los grupos parlamentarios a fijar su posicionamiento.

"No puede haber nadie en las instituciones democráticas que pretenda mantener viva la memoria de una banda terrorista y justificar su actuación violenta y criminal", ha sentenciado el popular José Antonio Bermúdez, explicitando la razón de ser de la iniciativa que hoy defendía. El diputado ha situado a EH Bildu en el centro de sus reproches, con una firme crítica a los abertzales por incluir en sus listas a las últimas elecciones municipales a personas condenadas por terrorismo: "No es tolerable que puedan introducirse en las instituciones sin mostrar arrepentimiento".

Así, Bermúdez considera que aquel etarra condenado que no pida perdón y rechace expresamente la violencia de la banda "podrá estar en la calle si ha cumplido su pena, pero no puede estar en ningún ayuntamiento ni parlamento, porque no se tiene derecho a representar para legitimar el terror". El diputado ha aludido al "dolor de las víctimas" para reclamar el apoyo del resto de la Cámara a la iniciativa del PP, y ha avisado al PSOE que su postura en esta cuestión "no se puede cambiar por seis votos [los de EH Bildu]".

Sin embargo, en la bancada socialista, la iniciativa del PP y el discurso de su diputado se han recibido como un nuevo intento de "utilizar" a las víctimas para obtener rédito político, y esto solo ha encontrado críticas. La parlamentaria del PSOE Rafaela Romero ha señalado que la proposición de ley expuesta hoy por los populares materializa "las malas artes de la semana pasada", cuando los diputados recurrieron a una foto de víctimas de ETA para criticar la ley que rebaja las penas de los terroristas. "Nos trae a ETA para contribuir a la desmemoria, cosificando a las víctimas y usándolas de la manera interesada para agredir políticamente al adversario", ha reprochado Romero, visiblemente emocionada y sin apenas pronunciarse sobre los detalles del texto objeto de debate.

"Impedir concurrir libremente a las elecciones"

Las alusiones a Bildu, implícitas y explícitas, han sido múltiples en el discurso del diputado del PP. Y los abertzales han respondido. Mertxe Aizpurua ha acusado a los populares de pretender "ganar mediante ilegalizaciones lo que no consiguieron por las urnas" y considera que su propuesta "retuerce la ley electoral" con el objetivo de "impedir concurrir libremente a las elecciones".

La diputada de Bildu cree que imponer requisitos a los condenados por terrorismo que quieran presentarse como candidatos es "retrógrado" -"vulnera derechos y libertades"- y ha criticado que el argumento a favor de esta iniciativa sea lo que promulga la Ley de Partidos. "Una ley que durante años impidió que ciudadanos y partidos vascos se presentaran a las elecciones", ha denunciado, en alusión a la ilegalización de Batasuna y Herri Batasuna.

El diputado del PNV Mikel Legarda, aunque en un tono menos duro, se ha sumado a la opinión de que la iniciativa del PP pone en riesgo el derecho de participación política. Legarda ha llamado a los diputados a valorar el sentido de su voto en el contexto actual de "desaparición definitiva de ETA": "No creemos que debamos dotarnos de instrumentos jurídicos, sin perjuicio del rechazo moral que nos suscita quien no muestra arrepentimiento por los crímenes cometidos", ha sentenciado.

En la misma línea se han pronunciado el resto de los socios habituales de Pedro Sánchez. Lander Martínez, de Sumar, ha denunciado que la iniciativa del PP es un "intento claro de restringir la participación política mediante criterios ideológicos". Y, aunque se ha declarado "moralmente lejos de quienes no condenan el terrorismo", considera que estas personas tienen derecho a estar en el Congreso si son elegidas por la ciudadanía. "Y nosotros tenemos derecho a condenar políticamente lo que hacen".

Por su parte, el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro considera que las exigencias que sugiere el PP para los condenados por terrorismo que quieran presentarse a las elecciones se asemejan a un "auto de fe de la inquisición", mientras que en Junts creen que la iniciativa registrada por los populares "solo busca reforzar la judicialización de la política".