Díaz saca adelante la reforma del subsidio de paro y la prevalencia del convenio autonómico con la patronal en contra
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a sacar adelante varias reformas sin el consenso de los agentes sociales. A las puertas del arranque de la campaña de las elecciones europeas y con la vista puesta en el desembolso del último tramo de los fondos del Plan de Recuperación, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un paquete de medidas laborales que cuenta, en su mayor parte, con la oposición frontal de los empresarios e incluso en algún aspecto con el rechazo de los sindicatos.
Son tres las medidas aprobadas en el día de hoy: por un lado, la reforma del subsidio de desempleo; por otro lado, la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales; y por último, la prohibición del despido sobrevenido por incapacidad. La primera salió de la mesa de diálogo social con el apoyo único del flanco sindical y la negativa a firmar de la CEOE. Y la segunda, concedida al PNV para lograr la investidura de Pedro Sánchez, ha sido rechazada en numerosas ocasiones tanto por la patronal como por CCOO y UGT por su impacto sobre la negociación colectiva (un asunto que les compete directamente) y sobre la propia unidad de mercado al permitir una mayor capacidad de las comunidades autónomas para regular las relaciones laborales en sus territorios.
"La lógica es radicalmente diferente a la que bebía de las normativas que heredamos a lo largo del viejo y vetusto siglo XX. Por lo tanto, es un cambio fundamental y le doy las gracias a los sindicatos y la patronal por formar parte de este acuerdo", ha destacado Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pese a que los empresarios se descolgaron de la foto de la reforma del subsidio. Aun así, la ministra ha insistido en reconocer las aportaciones de la CEOE durante las negociaciones.
La reforma del subsidio se ha visto salpicada por la polémica desde su nacimiento. Hay que recordar que, inicialmente, Díaz planteó una modificación que implicaba un recorte para los beneficiarios mayores de 52 años, por lo que Podemos tumbó el primer intento de aprobar el anteproyecto de Ley en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión, el real decreto mantiene la cotización de los mayores de 52 años al 125%, lo que podría facilitar el apoyo de los 'morados' a esta reforma a la que se ha comprometido el Gobierno con la Comisión Europea para el último desembolso de fondos.
La reforma, que entrará en vigor con carácter general en noviembre de este año, contempla un aumento por tramos de la cuantía de esta ayuda, actualmente de 480 euros al mes (80% del Iprem); amplía el colectivo de beneficiarios y permitirá compatibilizar con un salario tanto el subsidio como la prestación contributiva de desempleo, siempre que el sueldo no supere el 225% del Iprem (1.350 euros al mes con el Iprem actual), entre otras medidas.
Por otro lado, dentro del mismo decreto, el Consejo de Ministros ha aprobado la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales siempre que sean más beneficiosos para los trabajadores. Recordemos que esta medida se acordó en el pacto de investidura del PNV y el PSOE de diciembre de 2023 y estuvo en vigor hasta que el 10 de enero decayó el real decreto de reforma del subsidio por desempleo que la incluía, al no poder ser convalidado en el Congreso.
El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha "celebrado" el acuerdo y ha afirmado que "esta reivindicación histórica permitirá mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores vascos, y también de las personas trabajadoras del resto del Estado".
Por último, el Gobierno ha aprobado, también a propuesta del Ministerio de Trabajo que pilota Yolanda Díaz, la prohibición del despido sobrevenido por incapacidad, una reforma normativa demandada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). La ministra ha justificado la modificación para "corregir la discriminación y evitar que la definición de una persona con discapacidad en el mundo del empleo lleve consigo la extinción automática de la relación laboral".