El Gobierno cierra con los sindicatos y sin la patronal un acuerdo para reformar la protección por desempleo

El Gobierno ha pactado con los sindicatos UGT y CCOO un anteproyecto de ley para reformar la protección por desempleo en España -tanto las prestaciones como los subsidios que se cobran cuando se agota la prestación o si no se tiene derecho a ella- y que ahora pasará a tramitarse en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que sea aprobada cuanto antes y que España pueda acceder así al cuarto pago de los fondos europeos, pendiente de llegar porque faltaba este hito por cumplir.

El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz no ha podido conseguir el apoyo de CEOE y Cepyme, que proponían medidas como que los parados tuvieran obligación de aceptar puestos de trabajo a pesar de que no se encontraran en el mismo lugar de residencia. "Hay peticiones que no podemos aceptar", zanjó este lunes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez-Rey, quien aún asi no perdía la esperanza de contar con las patronales para cerrar un acuerdo tripartito.

Las novedades principales de la reforma son que aumentan el número de colectivos protegidos (por ejemplo, se incluirá a los menores de 45 años sin cargas familiares, a quienes no tienen suficientes meses cotizados, a los inmigrantes retornados, los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla, los trabajadores eventuales agrarios y otros grupos antes no cubiertos), hace progresiva tanto las prestaciones como el subsidio (que ahora irán bajando a medida que pasa el tiempo para incentivar al parado a la búsqueda de empleo) y las hace compatibles con el empleo también con el mismo objetivo. Como ha contado EL MUNDO, sólo lo serán a partir de 2026 y siempre que el salario percibido en el puesto de trabajo no supere los 1.350 euros mensuales.

Esta es la segunda oportunidad que se le da a la reforma, después de que en enero una primera versión de la misma (que no había sido negociada con los agentes sociales) fuera tumbada en el Congreso por Podemos, para sorpresa del Gobierno. Este partido no aceptaba un cambio que había impulsado el Ministerio de Economía liderado entonces por Nadia Calviño, que pretendía reducir al 100% la sobrecotización a la Seguridad Social del 125% con la que se premia a los subsidios para mayores de 52 años.

Ese extra, destinado a garantizarles pensiones más elevadas, se aprobó en 2019 cuando la base mínima de cotización -a la que se aplica ese porcentaje- era muy inferior a la actual, ya que ésta ha ido creciendo conforme ha subido el Salario Mínimo Interprofesional. Contar con ese plus de un 25% adicional desincentivaba la vuelta al mercado laboral, según Economía, y suponía además un incremento del gasto público y una discriminación positiva hacia este colectivo de la que no se beneficiaban otros.

La negativa de Podemos a apoyar lo que consideraban un "recorte" ha llevado ahora a Trabajo a dar marcha atrás y mantener ese 125%, entre otras cosas porque UGT y CCOO han exigido que la norma que saliera del diálogo social debía tener garantías de ser aprobada en el Congreso.

El Gobierno, en principio, tenía hasta el 20 de mayo para aprobarla -ya que acordó con la Comisión Europa una prórroga de dos meses para hacerlo cuando llegó la fecha límite del 20 de marzo- pero los plazos previstos para la tramitación del anteproyecto de ley parecen apuntar a que será imposible de cumplir. Queda por ver si Bruselas se conforma con que la norma haya iniciado su andadura parlamentaria o si, por el contrario, decide penalizar a España y aprobar de momento un desembolso parcial del cuarto pago (que íntegramente sería de 10.000 millones de euros) y deja para después el resto. El Gobierno tendría otros seis meses para aprobarlo y poder recibir lo que falte.