La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero (PP), acusa al Ejecutivo central de poner «precio a los menores inmigrantes no acompañados« que llegan a España, a quienes «está utilizando como moneda de cambio para obtener apoyos» en el Congreso de los Diputados.
Recientemente hizo lo propio con el que presentó la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso. Las dos regiones reiteraron su posición el pasado lunes en la Sectorial de Infancia celebrada en el Ministerio de Sira Rego
En rueda de prensa, la número dos del Ejecutivo autonómico tildó de «inaceptables» las palabras que había leído en un periódico regional vertidas por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien aseveró en el rotativo que el Gobierno de Aragón «roza la crueldad» con sus políticas en relación a los llamados menas, inmigrantes menores no acompañados.
Al respecto, Vaquero asevera que es el Gobierno de España el que «ejerce una política cruel con los menores,priorizando el interés político y la necesidad de supervivencia política por encima del interés superior de los menores en materia de migración«, añadiendo que la política de migraciones y de control de fronteras «es indelegable» constitucionalmente.
Deja claro que el Gobierno de Aragón «respeta las decisiones de los tribunales y a los aragoneses», criticando «la absoluta deslealtad» del Gobierno de España.
La vicepresidenta aseguró que el Ejecutivo de Jorge Azcón «ha actuado siempre con solidaridad» para «proteger a estos menores». Pide a Saiz que visite esta comunidad autónoma para ver «cómo el Gobierno de Aragón tiene que estar atendiendo« a los menores por «la falta de atención» del Gobierno central y cómo el Ayuntamiento de Zaragoza se tiene que hacer cargo de 40 personas pese a que tienen reconocida la protección internacional.
Para Mar Vaquero, «el fracaso en la política de migración» ha llevado al Gobierno de España a «faltar a los principios constitucionales» y aprobar unos criterios de reparto de menores, en el Real Decreto Ley, conforme a las decisiones que toman sus socios independentistas.
El Gobierno de Aragón transmitirá los datos que le ha solicitado el Ejecutivo central sobre menores no acompañados protegidos por la Comunidad Autónoma si así se lo requiere la justicia. «No estaría de más que la ministra respondiera al Tribunal Supremo, que ha tenido que volver a requerirle que diga qué va a hacer con más de un millar de menores no acompañados que han llegado a Canarias», ha continuado la vicepresidenta, preguntando también a Saiz por qué no responde a una resolución del Consejo de Transparencia para decir cuáles son los criterios para trasladar a los menores y cómo ha decidido repartirlos.
«Ya podía el Gobierno de España trabajar con la lealtad con que está trabajando el Gobierno de Aragón», ha considerado la también consejera de Presidencia, Economía y Justicia, quien defenderá «los intereses de todos los aragoneses y la igualdad con el resto de comunidades autónomas».
En relación al Plan Corresponsables, Mar Vaquero indicó que el recorte del 25% del presupuesto de este programa, financiado por el Gobierno de España, «supone alterar la capacidad de respuesta financiera que puede tener el Gobierno de Aragón e implica llevar a cabo modificaciones« en las políticas que recoge este programa, que »se ponen en riesgo«, mencionando las políticas de igualdad y de atención a la infancia, conciliación y madrugadores.
«Es una decisión unilateral del Gobierno de España que se ha llevado a cabo sin consenso en la Conferencia Sectorial«, y recalcó que la mayoría de las comunidades autónomas no han apoyado este recorte, «una nueva decisión del Gobierno de Pedro Sánchez que debilita la cogobernanza, la lealtad y la colaboración institucional».
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