El nuevo Estado empresario
La notable expansión del tamaño del Estado español registrada durante el Gobierno de Pedro Sánchez no sólo se ha notado en los récords de ingresos fiscales que ha alcanzado Hacienda año tras año o en el importante crecimiento del empleo público, sino también en el creciente intervencionismo del poder político en el mundo empresarial. Ya no se trata de operaciones puntuales destinadas a rescatar a empresas bien conectadas con el poder o a enmascarar alguna mala decisión tomada con dinero público o a mantener vivas firmas que sin el apoyo público son incapaces de subsistir en un mercado competitivo, ahora estamos, como informa hoy este diario, ante una auténtica estrategia de control partidista disfrazada de política pública y financiada por los contribuyentes.
Así, junto al desembarco del sector público en empresas estratégicas como Telefónica, a su permanencia en Indra, Renfe o Hispasat, el Estado siente ahora la tentación seguir ampliando su perímetro gracias al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). Se trata de hacer de la necesidad virtud con este fondo creado para apoyar a empresas no financieras que el Gobierno consideró estratégicas y que se vieron afectadas por la pandemia. Pero a día de hoy son poquísimas las que han logrado devolver el total de las ayudas y la gran mayoría, unas 25 según la información reunida por ABC, sólo están al día con el calendario de amortizaciones, pero no han devuelto el principal del préstamo.
Las empresas que aún tienen pendiente la devolución de su deuda con el Estado van desde Air Europa, afectada judicialmente por una arista del caso Aldama que también salpica a la esposa del presidente del Gobierno, hasta Ferroatlántica pasando por conocidos conglomerados hoteleros, polémicas aerolíneas como Plus Ultra y otras empresas industriales bien conocidas como Tubos Reunidos. De muchas de ellas es cuestionable su condición real de estratégicas. Según los datos, desde que recibieron la ayuda pública, estas empresas han incrementado sus plantillas del orden de un 20 por ciento. El hecho cierto es que algunas de ellas, como Duro Felguera, tienen graves dificultades para seguir compitiendo en el mercado y han solicitado al Estado que capitalice la deuda, lo cual significa tener a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) como socio, lo que puede ser un incordio para un gestor independiente, pero para un empresario con buenas conexiones con el poder es la manera menos onerosa de blindarse o de sobrevivir apalancado en el dinero público.
Tras las justificaciones, razones y excusas que pone el Gobierno, se ven claramente dos ámbitos de intervención. Uno controlado directamente por el PSC y donde Junts podría recibir ciertas contrapartidas que estaría formado por Telefónica, Indra e Hispasat, y otro directamente controlado por el PSOE con Renfe, Adif y Talgo. Esta última, pese a no ser pública, se halla bajo la tutela del Estado a partir del momento que tiene capacidad de vetar su venta y decidir su destino. Está en el aire aún la decisión de si en este último se le va a dar entrada a intereses vascos o de algún socio europeo. Lo que está sucediendo recuerda a muchos el ineficiente mangoneo empresarial de la época del INI, una herencia del franquismo que el PSOE de Felipe González liquidó con una costosa aunque necesaria reconversión, pero que los socialistas de Sánchez parecen dispuestos a reeditar quizá como parte de la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco. Vale la pena recordar que el aumento del Estado siempre es a costa del sector privado y de la sociedad civil.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete