La declaración como testigo de Barrabés marca una semana clave en el caso contra Begoña Gómez
La causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta una semana clave. El magistrado ha citado este lunes a declarar al empresario Juan Carlos Barrabés, y el viernes prevé interrogar a Gómez, a la que mantiene bajo sospecha por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Peinado, que solo apoya sus pesquisas en una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias y en una querella de la organización ultracatólica Hazte Oír, quiere investigar “todos los hechos, actos, comportamientos y conductas llevadas a cabo y derivadas de la relación existente” entre ambos. Pero no ha otorgado a los dos la misma condición: a Gómez la llama como imputada (lo que le permite acudir con abogado y no responder a las preguntas, para garantizar su derecho a la defensa); a Barrabés, como testigo (lo que le obliga a contestar a todas las partes, ya que se supone que la causa no va contra él).
Esta circunstancia genera suspicacias en la defensa de la esposa del presidente, que insiste en su inocencia y sostiene que el juez actúa de forma desmadrada e impulsa una “investigación universal” contra ella. En la misma línea, la Fiscalía ha manifestado su “incertidumbre” ante la “deriva procesal” de la instrucción del magistrado, al que acusa de actuar “sin filtro”. De hecho, en un recurso enviado a la Audiencia Provincial de Madrid, el ministerio público expuso la llamativa situación de Barrabés en la causa: se le “considera testigo” pese a que se “transmite la sensación de que él es el investigado, aunque no se sepa bien de qué”, ya que las pesquisas “están pivotando en torno” a él y a los contratos públicos que fueron adjudicados a sus empresas.
Barrabés se encuentra citado a las 10.00 de este lunes. Fuentes jurídicas detallan que está previsto que declare por videoconferencia. Pero si el fiscal o alguna de las partes aprecian que la causa se dirige contra él, o que su derecho a la defensa puede verse afectado, pueden pedir que se le cambie la condición a la de imputado. Ya ha pasado en otras causas, en las que un juez ha suspendido el interrogatorio a un testigo y lo ha llamado otro día como investigado, asistido ya por un abogado y amparado por el derecho a no responder a las preguntas de nadie.
La comparecencia del empresario se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya confeccionado un segundo informe que, al igual que otro anterior elaborado en mayo, no detecta irregularidades en los contratos adjudicados a Barrabés y puestos bajo sospecha por el magistrado Juan Carlos Peinado. “En líneas generales, en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos —algunos de ellos vigentes actualmente— se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”, recalcan los investigadores del instituto armado.
La Guardia Civil y la Fiscalía apuntan que este segundo informe exculpatorio fue enviado al juez el pasado 2 de julio, tres días antes de que Begoña Gómez fuera a declarar ante Peinado el 5 de julio. Sin embargo, las partes no tenían en aquel momento ese análisis de la Guardia Civil y, además, el interrogatorio a la esposa del presidente se suspendió nada más empezar al constatarse que no se le había notificado toda la documentación del caso. Por ello, el magistrado ordenó citarla de nuevo para el 19 de julio.
La declaración de Gómez
Ante esa cita del próximo viernes, grupos ultras están tratando de presionar a la juez decana de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco, presidenta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), para que no apruebe las mismas medidas de “seguridad” adoptadas el 5 de julio, cuando se produjo la primera comparecencia de Gómez. En aquella ocasión, la esposa del presidente pudo entrar en los juzgados por el garaje, evitando así a los periodistas apostados en la puerta. Hazte Oír, que convocó concentraciones ante el juzgado ese día, ha pedido por escrito a la decana que no adopte “medidas extraordinarias”, al considerarlo “un trato desigual” y un intento de “amedrentar y coaccionar a Peinado y las acusaciones, con una exhibición de la fuerza del Estado al servicio de los intereses particulares de la susodicha”.
En ese escrito, la organización ultracatólica llega a decir que los miembros de Hazte Oír son quienes “temen ser agredidos por militantes controlados o descontrolados del PSOE”, para lo que se apoyan, por ejemplo, en unas palabras pronunciadas hace más de un siglo en las Cortes por el fundador de dicha formación, Pablo Iglesias, que dijo que su partido aspiraba a “la supresión de la magistratura, la supresión de la iglesia, la supresión del ejército y la supresión de otras instituciones” para acabar con “los antagonismos sociales” que existían en aquella época —aunque Hazte Oír omitió esta segunda parte de la frase—.
Después del interrogatorio como imputada a la esposa de Sánchez, el juez también ha citado el viernes como testigos al actual vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y a su predecesor en el puesto, Juan Carlos Doadrio. El magistrado tomó esta medida después de que el rector de la institución, Juan Goyache, testificara el 5 de julio y negase la existencia de irregularidades en la relación que Begoña Gómez ha mantenido con la Complutense, donde estuvo al frente de una cátedra.