Así lo refleja en un documento difundido este lunes en el que lamenta que PSOE y PP no hayan llegado a un acuerdo para sacar adelante la reforma de la ley del suelo. El servicio de estudios ha criticado la falta de capacidad de los representantes políticos para llegar a acuerdos «incluso en cuestiones de interés general en las que no hay diferencias sustantivas entre ellos», responsabilizando particularmente a los dos grandes partidos, PP y PSOE, del fracaso de ambos proyectos.
Así se desprende de un estudio de Ipsos, que analiza las preocupaciones de la ciudadanía, la confianza en el Gobierno para revertir la situación, y las perspectivas de futuro
Con la fallida reforma de la ley del suelo se evitarían retrasos innecesarios en la construcción de vivienda, asegura el 'think tank', al acortar los largos plazos ineludibles actualmente para su construcción, especialmente si se trata de suelo no urbanizado, que todavía no ha sido integrado en la trama urbana de viales y solares o conectado con las redes de servicios generales como son el suministro eléctrico, el alumbrado público o el alcantarillado. En este sentido, Fedea identifica la laboriosidad que supone este proceso de urbanización como el responsable de los retardos en los plazos. Sin embargo, añade que al problema intrínseco de la construcción hay que sumarle el carácter legal del mismo, que «con cierta frecuencia» lleva a la paralización de la actividad urbanística e inmobiliaria en barrios y ciudades ante la anulación del correspondiente plan urbanístico.
Por ello, el origen del problema tiene que ver con el estatus legalde los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, que en España se consideran normas legales con rango de reglamento en lugar de meros actos administrativos. Como tales, están sujetos a control judicial por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con un «rígido régimen legal que termina generando una notable inseguridad jurídica en el ámbito inmobiliario». Fedea destaca este carácter por el que «cualquier vicio formal o procedimental, por insignificante que pueda ser», provoca la nulidad de pleno derecho del propio plan de ordenación y, en consecuencia, la «nulidad en cascada» de todos sus actos de aplicación, resultando un vacío legal que «puede tardar años en remediarse».
De esta forma, se sorprende de que, pese la clara identificación del problema hace tiempo tanto por la doctrina jurídica como por los profesionales del sector y pese a la obviedad de su solución, siga sin ser resuelto. Una solución que como introducía el el proyecto de ley que el Gobierno retiró en mayo de 2024 por falta de apoyos, se trataría fundamentalmente de restringir las causas de invalidez de los planes urbanísticos a vicios sustantivos y de limitar sus consecuencias, concluyen desde Fedea.