La reforma de la ley del Suelo vuelve a quedarse en el limbo y desespera al sector inmobiliario>
Han sido los promotores los primeros en reaccionar al retroceso del PSOE. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España APCEspaña, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha recordado que el sector lleva muchos años reclamando, «con una necesidad imperiosa», una reforma que dé seguridad jurídica al urbanismo español, «y que, además, atañe a uno de los principales problemas que tenemos como sociedad: la falta de acceso a la vivienda». En este sentido, Gómez -Pintado ha apuntado a que una vez analizada la ley por los profesionales que componen las comisiones de vivienda y urbanismo de la asociación, «entendemos que cumple los requisitos para dar esa seguridad jurídica que se necesita».
El representante de los promotores ha asegurado que seguirá «insistiendo» desde la asociación en la necesidad de un pacto para que la ley se apruebe y ha afirmado que, ante la posibilidad manifiesta de que fuese rechazada hoy por el Congreso, le parece conveniente esta retirada «para dar oportunidad a la negociación».
El PSOE -propulsor de la reforma- aprobó el proyecto de ley en Consejo de Ministros a finales de marzo a sabiendas de que se aventuraba por la oposición de sus socios de coalición de Sumar y ante la incierta falta de apoyos del resto de partidos políticos, y en especial del PP, al que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha acusado hoy de primar sus intereses electoralistas a una demanda de ayuntamientos y comunidades autónomas. Los populares, sin embargo, aún no habían desvelado su postura para la votación.
El PP lo intentó en 2018
Lo que sí es cierto, es que promotoras y consistorios, los principales afectados por la circunstancia, llevan años clamando para que se apruebe una reforma que se frue al traste por primera vez en 2018, cuando la propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy -con Iñigo de la Serna como ministro del ramo- decayó en su tramitación parlamentaria por la moción de censura que supuso el cambio de poderes al PSOE de Pedro Sánchez. Desde entonces, las presiones para hacer retornar el texto a la Cámara Baja desde ambos lados no han cesado.
Ambas reformas, la del PSOE ahora y la del PP en 2018, tenían el mismo objetivo: el de dotar de seguridad jurídica a los ayuntamientos para poder sacar adelante los planes generales de ordenación urbana, que son los que permiten distinguir los suelos existentes en un mismo municipio, y así aligerar la burocracia en la construcción de vivienda tanto privada como pública.
La modificación de la ley del Suelo aspiraba a subsanar uno de los mayores incovenientes para la tramitación de los planes urbanísticos, al impedir que si los recursos parciales presentados contra los planeamientos prosperan, estos puedan caer en su totalidad y tener que volver a la casilla de salida. APCEspaña calcula que alrededor de un centenar de municipios tienen actualmente sus planes generales de ordenación urbana paralizados por esta problemática.