Una manifestación recorre el centro de Madrid para reclamar contra la subida de precios y por el derecho a una vivienda digna

Una marcha a favor de la vivienda digna y en protesta para reclamar a las administraciones soluciones ante la "emergencia habitacional" que hay en España recorre el centro de Madrid desde este mediodía en una manifestación convocada por casi 40 colectivos sociales bajo el lema 'Vivienda digna y sostenible ¡Ya!'.

Sus promotores, la plataforma Habitat24, fueron también los impulsores de la marcha que el pasado día 13 de octubre recorrió el centro de Madrid bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio' y 'Se acabó. Bajemos los alquileres', que reunió a más de 22.000 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno.

Tras aquella marcha, estos colectivos quieren poner ahora de manifiesto "el agravamiento de las condiciones de acceso a la vivienda, cuyos precios no han dejado de subir en los últimos meses, al igual que el número de desahucios de familias vulnerables" y denunciarán "la tibia respuesta mostrada por las administraciones".

El precio medio de la vivienda en España alcanzó un nuevo máximo histórico en el último cuatrimestre de 2024, un 12,5% por encima de los niveles máximos de 2007, hasta alcanzar 2.164 euros por metro cuadrado, según el Colegio de Registradores. El rápido encarecimiento de los inmuebles está llevando a una situación insólita desde la burbuja de 2008, con una oferta claramente superada por la demanda y con compradores que no dudan en realizar ofertas al alza para conseguir quedarse con las viviendas disponibles.

En la otra cara de la moneda, muchas personas cada vez afrontan más dificultades para acceder a una casa, bien sea en régimen de alquiler o de compra, una situación ante la que, según los convocantes, las administraciones no hacen nada para solucionarla. "Especialmente sangrante ha sido la actitud de la Comunidad, cuyo empeño ha sido seguir favoreciendo los negocios de fondos de inversión, rentistas y especuladores, en ocasiones con la con la complicidad de ciertos ayuntamientos, entre otros, el de Madrid", explican desde la organización.

En este sentido, los impulsores de la marcha han cargado contra la Ley Ómnibus, "un buen ejemplo de legislar al dictado de los intereses del poder económico", o un Plan Vive que resumen como "un auténtico fracaso al priorizar los intereses de los inversores sobre el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna, adecuada y sostenible".

"Estamos viviendo una situación de emergencia brutal en la Comunidad de Madrid. Pero Ayuso -la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso- está a otras cosas. Aquí el derecho a la vivienda no existe, es el salvaje oeste", ha explicado Laura Barrio, activista por la vivienda.

Como prioridad, reclaman un parque de vivienda pública "que en ningún caso pueda ser descalificada", y que deberá situarse aproximadamente "en la tercera parte de las viviendas totales". Para ello, ven necesario integrar las viviendas de la Sareb en la gestión de vivienda pública; reacondicionar viviendas fuera de uso; e incorporar a la gestión pública las viviendas vacías.

También defienden que habría que cerrar los pisos turísticos ilegales e imponer una licencia de actividad, un número máximo y su ubicación en zonas donde no haya demanda habitacional de larga duración, así como establecer zonas tensionadas para el control y reducción del coste del alquiler, además de un índice de precios máximos "no regido por las reglas de mercado".

Entre las casi 40 organizaciones que se integran en la misma están plataformas como Afectados por la Línea 7B de Metro, Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Usera y Arganda-Rivas, la FRAVM, Amnistía Internacional Madrid, sindicatos o la Plataforma cívica por el derecho a la luz en Cañada Real.