Aragonès ve en su espionaje por el CNI la “segunda parte de la Operación Cataluña”
El president Pere Aragonès considera que señalarle como dirigente del grupo activista pro independencia de los Comités de Defensa de la República (CDR) está “fuera de toda realidad y sentido común”. Aragonès también ve detrás del espionaje a su teléfono móvil, entre 2019 y 2020, “una segunda parte de la Operación Cataluña” contra el secesionismo. El republicano ha respondido así, este viernes, al contenido de los autos del Tribunal Supremo que el Gobierno desclasificó para la entrega al juez de Barcelona que investiga el caso Pegasus y que daban el aval jurídico al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que espiara el móvil del entonces número dos del Ejecutivo catalán. Aragonès ha lamentado que la documentación entregada al juzgado no estuviera completa y ha alertado de que en ningún sitio justifica por qué se le considera una de las cabezas de los CDR.
“Alguien con un poco de conocimiento de la política catalana sabe que esa acusación no tiene base”, se ha defendido el president tras visitar la Escola Madrenc, en Vilablareix (Girona), haciendo así alusión a su perfil más institucional y de orden. Los CDR nacieron inicialmente como un movimiento espontáneo que quería asegurar la realización del referéndum ilegal de independencia de 2017 pero después se convirtieron en protagonistas de protestas como la producida tras la sentencia del juicio a los líderes del procés. Al entonces vicepresidente de la Generalitat, según los documentos, se le empezó a espiar en el primer semestre de 2019, después de que el CNI argumentara ante el Supremo que el líder republicano “dirigía” desde “la clandestinidad” a los CDR.
Para el jefe del Govern, la decisión del Centro de espiarle es meramente política y hace parte de una apuesta de calado de una parte del Estado por desacreditar al movimiento secesionista. “La Operación Cataluña ha tenido una segunda parte, la del espionaje masivo a las personas comprometidas con la independencia”, ha denunciado Aragonès, que se querelló contra el CNI y el fabricante del software espía, el programa Pegasus. Es a raíz de ese proceso que el Gobierno descalificó, a petición del juez, parte de los documentos relacionados con los seguimientos.
Aragonès ha denunciado que el acceso a los tres autos no ha sido completo y que había páginas completas tachadas e ilegibles. El president, tras preguntas de los periodistas, ha asegurado que en ninguna de las páginas se desarrolla el por qué del señalamiento como dirigente de los CDR. “No necesito la clandestinidad para defender la independencia de Cataluña”, ha dicho respecto a uno de los únicos detalles que se desprende de los documentos. “Si la seguridad nacional está en manos de un Centro que comete errores de esa magnitud, me preocupa mucho”, ha apostillado.
El escándalo por el espionaje a independentistas salió a la luz en abril de 2022, a raíz de un informe hecho por Citizen Lab, un grupo ligado a la Universidad de Toronto (Canadá) y especializado en ciberseguridad. Según esa investigación adelantada por este diario, al menos 63 políticos, abogados y activistas independentistas habían sido diana de Pegasus en jornadas clave para el movimiento secesionista catalán tras 2017. El Gobierno explicó entonces que sí había órdenes judiciales para hacer algunos de los hackeos, como fue el caso de Aragonès.
Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal