Más impuestos, menos riqueza

Desde su llegada a La Moncloa, Pedro Sánchez ha hecho de las subidas de impuestos y cotizaciones (más de ochenta desde junio de 2018) el motor del 'statu quo' fiscal de España. La voracidad recaudatoria se ha centrado en la clase media, donde se sigue exprimiendo a trabajadores y familias, pero desde hace un par de ejercicios el Ejecutivo ha centrado los sucesivos impuestazos en la 'gran empresa', artilugio terminológico con el que trata de suavizar la insaciabilidad tributaria del Gobierno. Primero fue a la banca, luego a las energéticas y ahora se plantea suprimir el régimen del que disfrutan las socimis, lo que ha despertado el fantasma de la fuga de compañías a otros países (normalmente de nuestro entorno) que ofrecen una fiscalidad más ventajosa. Cuando esto ocurre, el Gobierno y sus socios se lanzan a la demonización de las empresas que han decidido buscar un mejor marco de seguridad jurídica y fiscal. El ejemplo de Ferrovial es, en este caso, paradigmático de un temor llevado a la realidad. Ahora, las dos mayores socimis españolas, Merlin Properties y Colonial, amenazan con trasladar su sede social fuera de nuestro país si el PSOE y Sumar siguen adelante con su propuesta fiscal y abren un nuevo frente entre el Ejecutivo y el entramado empresarial español. Entre las dos compañías, que cotizan en el Ibex 35, suman la mitad del capital total de 25.000 millones que constituyen las 116 socimis que operaban el año pasado en España. La unilateralidad con que el Gobierno ha creado impuestos 'ad hoc' y medidas distorsionadoras que afectan a diversos sectores económicos, como la banca o la energía, es un elemento que el Ejecutivo presidido por Sánchez ha manejado irresponsablemente, no atajándolos con energía y permitiendo que deterioren el ambiente propicio a los negocios y la inversión que deben imperar en una economía abierta que necesita crecer con tanta urgencia como ganar en competitividad.