El Comisario de Justicia de la UE cita a Bolaños y González Pons el próximo miércoles para abordar la renovación del Poder Judicial
El Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, ha citado el próximo miércoles, 31 de enero, en Bruselas al ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de organización del PP, Esteban González Pons, para abordar la renovación del Poder Judicial, cuyo mandato permanece caducado desde hace más de cinco años. Precisamente en Bruselas, Bolaños ha afirmado este viernes que el Gobierno ni conocía ni autorizó el espionaje del CNI en julio de 2019 al entonces vicepresidente catalán Pere Aragonès. El ministro ha evitado pronunciarse sobre el posible impacto en la ley de amnistía del último auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón (que dificulta la amnistía al huido Carles Puigdemont), limitándose a recordar que quien hace las leyes es el Parlamento, no el Poder Judicial. “El Gobierno en aquel momento, cuando se produjeron esos episodios, ni tenía conocimiento ni había autorizado” las escuchas a Aragonès, que “eran operaciones que venían de antes”, ha afirmado Bolaños al inicio de una reunión informal de ministros de Justicia de la UE en Bruselas. Según ha explicado, el CNI “no tiene por qué explicar al Gobierno” este tipo de peticiones, “ni tampoco el Tribunal Supremo cuando las autoriza tiene que contarlo al Gobierno”, por lo que, ha subrayado, “ha habido un funcionamiento normal del Estado de derecho” en este caso.
“Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que pasaba en gobiernos anteriores, nosotros, este Gobierno, respeta el Estado de derecho y no hay ninguna presión ni injerencia en el funcionamiento normal de las instituciones y de organismos como el CNI. Lo que tenemos que hacer es mostrar todo el respeto al trabajo que hacen”, ha insistido Bolaños.
El ministro de Justicia ha eludido valorar, por otra parte, el auto del juez García-Castellón que cuestiona que se pueda amnistiar al expresidente catalán Carles Puigdemont y los imputados del caso Tsunami que instruye, así como su potencial impacto en la futura ley de amnistía.
“La pregunta [de si el auto puede dejar a Puigdemont fuera de la amnistía] no corresponde valorarla al Gobierno; es una cuestión futura, una vez que la ley esté en vigor”, ha indicado. En lo que sí ha sido enfático es en resaltar el proceso y las funciones de cada institución: “El Parlamento es quien aprueba las leyes, el Parlamento; que es lo que votan los ciudadanos y lo que representa la soberanía popular. Y el Poder Judicial aplica las leyes. Nuestro sistema es muy garantista; todas las decisiones, todas las resoluciones que adoptan los jueces y tribunales pueden ser recurridas para revisar su legalidad”, ha recordado y ha agregado: “Confío en un comportamiento ejemplar de todas las instituciones del Estado”.
Bruselas, preocupada por el “estropicio” del bloqueo del CGPJ
Bolaños participa este viernes en una reunión informal de ministros de Justicia de la UE a la que asiste también el comisario de Justicia, Didier Reynders, al que PP y PSOE han pedido una mediación para resolver la disputa en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según Bolaños, que no tiene previsto un encuentro bilateral con Reynders, pero que la víspera mantuvo una discusión “distendida” durante una visita de los ministros al museo de Bellas Artes de la capital belga, Bruselas —que por el momento sigue sin pronunciarse sobre la petición española— está muy preocupada por el “estropicio” del bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. “Lo que está claro, porque ese fue el objeto de mi conversación, es que la Comisión Europea está muy preocupada por el bloqueo del Partido Popular a la renovación del CGPJ”, ha dicho a periodistas, a quienes ha confiado que Bruselas dará “pronto” una repuesta sobre su papel en la negociación.
Al respecto, Reynders, sin embargo, ha evitado, una vez más, fijar una fecha para responder a una petición que, ha recordado, “no es habitual” para la Comisión. De ahí que esté todavía discutiendo con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, “cómo organizar una eventual actividad de ese tipo” y “si hay un paso complementario a implementar en el contexto de las discusiones entre los principales partidos políticos”.
No obstante, ha vuelto a subrayar, la pelota está sobre todo en el campo español: “Es un desafío ante todo de las fuerzas políticas españolas (…) que deben aplicar las recomendaciones [del informe anual sobre el Estado de derecho] como se lo pedimos a todos los Estados miembros”. “Ustedes saben que durante varios años hemos estado pidiendo que podamos avanzar en esta implementación a través de la composición del CGPJ y luego la reforma de ese Consejo”, ha recordado Reynders el argumento principal de la Comisión.
Al respecto, Bolaños ha afirmado que el PSOE ha hecho su parte y que es el PP ha dado marcha atrás hasta en tres ocasiones en que estuvieron a punto de firmar un acuerdo “porque no ha aguantado la presión”. “Aquí no hay equidistancia entre partidos políticos que no se ponen acuerdo. No, hay un partido que cumple, que es el Partido Socialista, y un partido que incumple, que es el PP y que no renueva el CGPJ. Esto lo sabe la Comisión y por eso es la preocupación que tiene y así se refleja en los informes”.