Un retraso que también tiene otras consecuencias. La primera, más personal, es que la demanda de desahucio afecta ahora a sólo ocho de las diez exmonjas excomulgadas. Cuando a principios de septiembre el arzobispado de Burgos presentaba la denuncia ya lo hacía contra nueve de las exreligiosas, pues sor Paz, que había sido vicaria (número dos dentro del convento), había abandonado el cenobio por sus discrepancias con la exabadesa, Laura García de Viedma.
Pero en noviembre, ya con la demanda interpuesta, se conocía otra deserción, la de la anteriormente conocida como sor Adriana, quien también «harta de todo» dejaba el convento y se iba a vivir con su familia. De esta forma, Adriana Gil Altares, su nombre civil, no pudo ser notificada en Belorado, lo que no ha impedido que se persone ante la instancia judicial para «manifestar su conformidad con la demanda de desahucio», explica una nota de prensa del arzobispado de Burgos. «Técnicamente se ha allanado a la demanda, que es cuando la persona demandada acepta voluntariamente lo que se le está solicitando», explica un experto a este medio. Lo cual parece lógico puesto que Adriana, ya está fuera de Belorado.
La Federación de Clarisas ya ha asumido 160.000 euros de las deudas de Belorado
Las exmonjas crean una S.L. para legalizar la venta de dulces, el alquiler de inmuebles y la cría de perros
La otra consecuencia es para la Federación de Clarisas, que cada mes en que se prolonga esta situación tiene que hacer frente a los gastos generados por las exclarisas por su mala gestión económica previa. Sin ir más lejos, el pasado diciembre, la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, tuvo que asumir 33.681,07 euros correspondientes a los tres créditos suscritos por las exreligiosas, a los gastos corrientes de los tres monasterios (Belorado, Derio y Orduña), y sueldos de trabajadores y seguridad social de las excomulgadas.
En total, desde que en junio se hicieran cargo de las cuentas, ya han aportado 225.000 euros, «con el gran esfuerzo y sacrificio de muchos monasterios de la Orden de Hermanas Pobres de Santa Clara, con economías muy modestas», según explican desde el arzobispado. Sin embargo, la exmonjas han creado la sociedad limitada Obraetlabora S.L. para dar cobertura legal a la nueva marca de chocolates, RqueR, con la que comercializan ahora sus productos. Así, se da la paradoja de que los gastos corrientes de la nueva empresa son asumidos por la Federación de Clarisas (a la que las exreligiosas señalan como unas de las culpables de sus problemas económicos), por lo que buena parte de los ingresos de la nueva marca de chocolates pueden considerarse como beneficios.
El arzobispado también señala en su nota de prensa a otras de las protagonistas involuntarias en este proceso, las cinco hermanas más mayores que no apoyaron el cisma, por lo que nunca fueron excomulgadas y constituyen la «verdadera comunidad monástica del monasterio de Belorado». Tanto para el comisario pontificio como la comisión gestora, estas hermanas clarisas mayores -que tienen entre 86 y 100 años- «siguen siendo la preocupación principal», puesto que desde que se anunciara el cisma, el pasado 13 de mayo de 2024, «siguen sin recibir la necesaria atención espiritual católica», lo que vulnera, «el derecho fundamental de libertad religiosa que les asiste». En ese sentido, el comisario pontificio solicitó a la Fiscalía, el pasado 15 de noviembre, «el nombramiento de un curador que vele por el cuidado integral de las religiosas mayores».
Según ha podido conocer ABC, en el recurso de reposición presentado por los abogados de las exreligiosas figura un documento, «firmado por cuatro de estas religiosas mayores», porque una tiene mermadas sus capacidades mentales, en el piden «que no se desahucie» a las excomulgadas y en el que sostienen que «Mario Iceta no las representa». «Se trata de un documento poco elaborado e informal», han explicado a ABC fuentes cercanas a las exclarisas.
Por otro lado, en la nota del arzobispado también se señala que «en la demanda interpuesta por las exreligiosas contra el comisario Pontificio y la archidiócesis de Burgos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º1 de Briviesca (por auto N.º 98/2024 de fecha 17 de diciembre) rechazó la petición de la medida cautelar que solicitaba la abstención del comisario en la administración, gestión, control de cuentas y representación legal de los monasterios». Para el arzobispado, de esta resolución «se infiere la plena legalidad y validez de la inscripción del nombramiento como comisario pontificio en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y su plena capacidad de actuar».