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El PSOE consuma la «singularidad» catalana con una financiación que rompe la caja común
Según fuentes conocedoras de la reunión de la Comisión Bilateral consultadas por ABC, el acuerdo que hoy firman el ministro del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, pone los cimientos de un sistema de financiación mucho «más claro y transparente» que el actual, que está caducado desde 2014. A partir de que se ponga en marcha, tras un largo proceso de reforma legislativa, las CC.AA. tendrán «capacidad fiscal» y se eliminarán varios fondos de compensación que están recogidos en el actual modelo de financiación autonómica.
En concreto, la Generalitat recaudará todos los impuestos (en su fase final de aplicación del modelo) de manera progresiva y la administración autonómica aportará una cantidad para sufragar «los gastos del Estado», una cantidad que se calculará con criterios «objetivos y comprobables». Se añadirá una transferencia a la caja común para «contribuir solidariamente» a los gastos de otras CC.AA. pero de manera limitada. Es decir, la solidaridad queda limitada al concepto de ordinalidad. Y, además, el Govern catalán recibirá una transferencia del Gobierno para cubrir «las singularidades de Cataluña en materia de competencias específicas».
A la espera de mayor concreción técnica, plazos y reformas legislativas específicas, este acuerdo es el primer paso para que el modelo de régimen común de financiación autonómica quede hecho a retazos de las 'singularidades' de cada región. Un modelo que beneficia a las CC.AA. 'ricas' sobre las 'pobres' pues limitará, sobre el papel, la redistribución de los ingresos y, sobre todo, la solidaridad al aplicar el resultado del cálculo de la ordinalidad fiscal, que supone que las regiones no pierdan posición respecto a las otras entre la recaudación y la aportación a la solidaridad.
El paso dado este lunes es consecuencia de los compromisos adoptados por el PSOE con ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El verano pasado, los de Oriol Junqueras firmaron un pacto para que ERC diera su apoyo a la investidura de Illa a cambio de que Cataluña disfrutara de un sistema de financiación similar al foral del País Vasco y Navarra. El acuerdo contó con el visto bueno de Ferraz. Sin embargo, según fuentes consultadas por este diario, a la hora de plasmar lo firmado, el PSOE ha mostrado reticencias. Unas dificultades que Junqueras ha hecho públicas advirtiendo de consecuencias para Sánchez e Illa, en la medida de que sus ejecutivos dependen de los votos de ERC.
Reunión con los partidos
Antes de la reunión de la Bilateral, centrada exclusivamente en formalizar el acuerdo de financiación entre los dos gobiernos, el Govern ha mantenido un encuentro con los grupos del Parlament, menos PP, Vox, la CUP y Aliança Catalana que han renunciado acudir al encuentro, para explicar las líneas maestras de los cambios que se avecinan. Para Junts, el pacto no será suficiente porque, de una manera u otra, las cuentas de la Generalitat seguirán bajo el paraguas del Estado; mientras que para los Comuns (que forman parte de Sumar) el de hoy es un paso importante para que «Cataluña tenga más ingresos».
David Cid (Comuns) ha dicho, tras la reunión con el Govern, que el acuerdo fija los «principios rectores del nuevo modelo de financiación» que permitirá a la Generalitat recibir más ingresos y, sobre todo, producirá un cambio de paradigma ya que «el Gobierno asume la singularidad de Cataluña». Una «singularidad» que Cid ha definido en un «autogobierno singular», «competencias singulares» y «lengua propia». En esta línea, ha defendido limitar la solidaridad, argumentando que «hay que poner límites a la insolidaridad de Madrid y las comunidades gobernadas por el PP con las rebajas fiscales constantes».
Aunque Cid ha reconocido que si el sistema de financiación para Cataluña se extiende a otras CC.AA. las 'ricas' se beneficiarán, y ha citado a la Comunidad Valenciana, Andalucía y las Baleares, Antoni Castellà (Junts) ha valorado el acuerdo, sin conocer los detalles técnicos, negativamente para Cataluña. «La recaudación del IRPF la podrán hacer, a partir de ahora, los funcionarios de la Generalitat, tras un proceso de adaptación técnica», ha dicho el portavoz del partido de Carles Puigdemont, pero ha rebajado esta recaudación a un mero trámite administrativo. Según Castellà, «Cataluña no quedará al margen de la Lofca [Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas]» y lo único que consigue es «tener más tesorería pero no suficiencia». Desde Junts se ha advertido de que el cambio perpetuará el «déficit fiscal».
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