Las aseguradoras tienen hasta el 4 de marzo para decidir si se unen a la nueva oferta de Muface

Ese es el plazo que Muface ha determinado en la licitación que ha publicado en el Portal de Contratación del Estado, donde especifica todas las condiciones económicas, financieras y normativas que regirán el concurso de la sanidad pública para los empleados públicos durante los tres próximos años. Ese documento determina que el presupuesto total del servicio será de 4.429 millones de euros, cuantía que incluye los últimos 330 millones que el Ministerio de Función Pública autorizó la semana pasada para intentar atraer a los tres grupos aseguradores que prestan este servicio a los funcionarios.

Esa cuantía supone elevar en un 41% el anterior presupuesto de Muface para el próximo trienio, después del rechazo que habían mostrado las aseguradoras alegando incertidumbre económica para seguir con el concierto de la sanidad de los empleados públicos.

En el texto publicado este viernes se señala que el nuevo concierto entrará en funcionamiento el 1 de abril o el día siguiente a la formalización del contrato si ésta fuera posterior y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. Uno de los principales temores que tenían los funcionarios acogidos a esta modalidad sanitaria pasaba por la imposibilidad de que sus aseguradoras les siguieran prestando atención médica a partir del 31 de marzo. De hecho, buena parte de las citas que se debían gestionar a partir de ese momento se encontraban congeladas a la espera de una resolución definitiva de la licitación.

Muface ha elevado el importe de las primas en su conjunto, y también lo ha hecho en cada uno de los tramos de edad de los mutualistas a los que cubren las aseguradoras. Así, la cobertura para los colectivos de mayores de 65 años, y sobre todo a partir de los 74 años, tienen fijados unos costes muy superiores a los del resto de posibles perceptores, una novedad que no existía en el convenio anterior, en el que esas primas eran lineales independientemente de la edad.

Se trata de una de las mejoras económicas que habían demandado las aseguradoras tras constatar cómo el coste del servicio se había disparado en los últimos años, entre otras circunstancias, por el envejecimiento de los beneficiarios del sistema. Una variable que había tensionado el presupuesto de las aseguradoras a la hora de prestar estos servicios sanitarios.

A partir de ahora, Adeslas, Asisa y DKV evaluarán si se presentarán al concurso, que tendrá lugar el 5 de marzo, o desisten del mismo. Hasta ahora, las dos primeras compañías se habían mostrado más cautas después de la última inyección que había puesto el Gobierno encima de la mesa. Eran más proclives a seguir prestando el servicio sanitario a los funcionarios. Más reacia se había mostrado la tercera en cuestión, DKV, al alegar que los términos en los que se había planteado hasta ahora la licitación no era financieramente viable, aunque tampoco habían descartado al 100% que se fueran a salir del concurso.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentará el lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue la suspensión de la asistencia sanitaria por parte de las aseguradoras a los mutualistas de Muface. El secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, será el encargado de registrar la denuncia, y estará acompañado por un afectado al que se le ha cancelado una prueba diagnóstica por un cáncer.

El sindicato aseguró este viernes, en un comunicado, que recibe diariamente "centenares de quejas de mutualistas", a los que se les están anulando citas médicas, tratamientos e intervenciones quirúrgicas.a Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentará el lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue la suspensión de la asistencia sanitaria por parte de las aseguradoras a los mutualistas de Muface.