Fuentes de la investigación han señalado a ABC que esta posibilidad está sobre la mesa del Ministerio Público por lo que podría solicitarse en breve como una nueva diligencia de investigación que en su caso tendría que ser aprobada por la jueza interina que se encuentra al frente a la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, Carmen Troyano, hasta que tome posesión la jueza nombrada titular de este órgano Cristina Pastor.
La nueva magistrada Cristina Pastor tendrá que coger el relevo el próximo lunes 9 de febrero a la jueza Troyano que hasta ahora ha tenido la compleja tarea del levantamiento de los cadáveres de los fallecidos y posterior autorización de las autopsias, identificaciones y entrega de los cuerpos a los familiares. De momento, aún no se han proveído las solicitudes de personaciones o denuncias presentadas por los representantes legales de los afectados en el trágico siniestro, que superan las 70 según ha adelantado este periódico.
Del mismo modo, queda pendiente de que la Autoridad Judicial decida y fije el cómo, dónde y cuándo y en presencia de quién -si asistirá una comisión judicial o estará presente el Ministerio Fiscal o las representaciones legales de los afectados-, se llevará a cabo por parte de los investigadores de la Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) la apertura y desprecinto de estos registros y cajas negras de los trenes que iba a ser abierta el pasado martes 27 de enero en una sala habilitada en el Ministerio de Transportes y fue paralizada a última hora a petición de la Fiscalía.
«La Fiscalía de Córdoba ha solicitado que se valore la posibilidad de que las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz sean abiertas en presencia de los jueces que dirigen la investigación del Juzgado de Instrucción de Montoro«, rezaba en esa petición del Ministerio Público el lunes la que accedió la jueza encargada del caso paralizando su apertura el pasado martes 27 de enero.
Apoyo de la Fiscalía de Córdoba
Otro de los apoyos con los que contarán los afectados en el accidente ferroviario será con la ayuda de la Fiscalía de Córdoba a la hora de calcular y realizar los baremos de las futuras indemnizaciones que le corresponden a los familiares de las víctimas y viajeros por parte de las aseguradoras -seguros- o en su caso si existiera responsable penal pues por su parte.
Hasta el momento, la Fiscalía de Córdoba ha designado a tres fiscales para el Tribunal de Instancia de Montoro. A los dos representantes del Ministerio Público que ya ejercían su labor en los puestos 1 y 2 de Montoro (antiguos juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 y 2) —Pedro Pozuelo y Alejandro Izuel— se le suma la fiscal delegada de Seguridad Vial, Natalia Izquierdo.
Alejandro Izuel, que es el firmante del escrito que ha paralizado la apertura de las cajas negras, fue el encargado de la macrocausa «Rocket» del tren turístico de Peñarroya, que sentó en el banquillo a la ex alcaldesa de la localidad, la socialista, María Luisa Ruiz, y al empresario al frente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril y de la Compañía General de Ferrocarriles Turísticos Carlos Guash. Ambos acabaron condenados a más de diez años de prisión e inhabilitación por delitos de malversación, prevaricación y fraude a la Administración.