Las pruebas recabadas en Adamuz, que están precintadas y custodiadas, son las grabaciones de las cámaras de los trenes implicados en el descarrilamiento y las cajas negras del Iryo y del Alvia. Estas evidencias iban a ser trasladadas por los investigadores de la Guardia Civil y CIAF a una sala facilitada del Ministerio de Transportes.
Asimismo, la fecha en la que estaba prevista su apertura era este martes 27 de enero. El puesto 2 del Tribunal de Instancia de Montoro había delegado esta diligencia en una comisión judicial que estaba comandada por un magistrado de guardia de Madrid y Letrado de la Administración de Justicia (LAJ). Correspondía al Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, que estaba de guardia. Su cometido era únicamente atestiguar este formalismo y dar luz verde a la Guardia Civil y a los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para analizar el material.
Sin embargo, la Fiscalía de Córdoba no estaba conforme con esta decisión. El Ministerio Publico presentó un escrito para paralizar este desprecinto porque prefería que se desplazara a Madrid el Tribunal de Instancia de Montoro compuesto por la juez encargada del caso, un letrado y el representante del Ministerio Público, en este caso Alejandro Izuel. El resultado ha sido que se ha aplazado el acto hasta que se resuelva la petición.
Asombro
Fuentes de la investigación explican a este medio que el escrito del Ministerio Público fue presentado horas antes de que se llevara a cabo el acto en Madrid. Una decisión que ha generado «asombro» y «extrañeza» por como se ha desarrollado. Sobre este aspecto, fuentes jurídicas sostienen que la juez paralizó la apertura de las evidencias, conforme a la petición de la Fiscalía, para que la magistrada titular decida, cuando se incorpore, cómo prefiere que se desprecinten las pruebas.
Sea como fuere, ahora se tiene que buscar una nueva fecha para la practica de estas diligencias que interesan en buena medida a la Guardia Civil y a los técnicos de CIAF. Por otra parte, la magistrada de Montoro aún no ha tomado una decisión sobre las diferentes asociaciones y actores que han pedido personarse en la causa.
La Fiscalía Provincial de Córdoba había apoyado hasta ahora las decisiones de la magistrada Carmen Troyano. La Guardia Civil reclamó que las diligencias fueran secretas pero el Ministerio Público se opuso al igual que la juez. «Sin perjuicio que en el futuro y en función de las circunstancias pueda solicitarse», remarcaron en su escrito.
Asimismo, la Guardia Civil ya presentó hace días el primer atestado de la investigación, que no incluye conclusiones sobre la hipótesis de qué ocurrió en el accidente ferroviario de Adamuz. Este informe incluye 2.500 fotografías de las evidencias que localizaron en el lugar de los hechos los especialistas de Criminalística.
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El atestado también incorpora los vídeos de los drones y los helicópteros del Instituto Armado. El documento también contiene la declaración del maquinista del Iryo que se tomó tras las primeras jornadas del suceso que ha conmocionado a todo el país y se ha cobrado la vida de 45 personas y ha dejado a más de un centenar de heridos.
El segundo informe
No obstante, el trabajo de los investigadores de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Córdoba sigue su curso. Los agentes trabajan en un segundo informe donde habrá más testimonios de los pasajeros y la tripulación de los trenes. Siguen trabajando en este nuevo documento que aún no ha sido presentado ante la autoridad judicial pero buscará hacer una reconstrucción de los momentos previos a la tragedia.
El procedimiento en el puesto 2 del Tribunal de Instancia de Montoro sigue su curso a la espera de que se incorpore la magistrada que comandará las diligencias. El próximo 8 de febrero asumirá estas competencias Cristina Pastor, una togada que finalizó hace meses sus prácticas en la Escuela Judicial. Aún sin haber comenzado todo son buenas consideraciones a su figura desconocida para muchos.
De la misma forma, la Fiscalía de Córdoba anunciaba la semana pasada que había designado a tres fiscales para el Tribunal de Instancia de Montoro. A los dos representantes del Ministerio Público que ya ejercían su labor en los puestos 1 y 2 de Montoro (antiguos juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 y 2) —Pedro Pozuelo y Alejandro Izuel— se le suma la fiscal delegada de Seguridad Vial, Natalia Izquierdo.
Alejandro Izuel, que es el firmante del escrito que ha paralizado la apertura de las cajas negras, fue el encargado de la macrocausa «Rocket» del tren turístico de Peñarroya, que sentó en el banquillo a la ex alcaldesa de la localidad, la socialista, María Luisa Ruiz, y al empresario al frente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril y de la Compañía General de Ferrocarriles Turísticos Carlos Guash. Ambos acabaron condenados a más de diez años de prisión e inhabilitación por delitos de malversación, prevaricación y fraude a la Administración.