El caso es que la decisión de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, no es menor, más bien todo lo contrario para todas ellas. El reconocimiento como Operador Confiable permite a las empresas del sector extraer carburantes de depósitos fiscales sin tener que aportar garantías por el IVA, una exigencia que para las compañías puede traducirse en avales millonarios.
Las fuentes explican a este periódico que, en la práctica, este estatus libera recursos financieros, reduce costes y agiliza la logística, convirtiéndose en una ventaja estratégica frente a otros operadores. Por ello, si se limita la concesión de la etiqueta, el mercado quedará concentrado en pocas manos y limitará la libre competencia, con el riesgo potencial de alza de los combustibles en un contexto de fuerte inflación en España.
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La figura fue creada por el Ministerio de Hacienda para reforzar el control del fraude en un sector históricamente sensible y, al mismo tiempo, simplificar los trámites a aquellos operadores que acreditan un historial de cumplimiento sostenido. Para acceder a ella, todas las compañías interesadas deben demostrar volúmenes de extracción superiores a los mil millones de litros anuales, al menos tres años de actividad como operadores mayoristas y una sólida situación financiera, además de superar los filtros de control fiscal y administrativo.
En este marco, empresas como Galp, Nieves Family Corporation, BP o HATTA Energy —que permanecen pendientes de la resolución— reúnen, según las fuentes consultadas, y de acuerdo con la información aportada en sus expedientes, los requisitos legales objetivos fijados por la Orden HAC/1496/2025: constan inscritas en los registros exigidos, acreditan los volúmenes mínimos de extracción, disponen de la experiencia previa requerida como operadores al por mayor y cumplen los parámetros de solvencia y viabilidad financiera previstos en la normativa aplicable. La decisión de Hacienda, por tanto, es determinante en términos competitivos, pero se apoya en la comprobación técnica y fiscal de extremos reglados.
Galp, BP, Nieves Family o Hatta Energy, entre las empresas que cumplen los registros exigidos pero están pendientes aún de las resolución de Montero
El fallo administrativo supondrá un punto de inflexión: consolidar su posición como operadores de referencia o seguir compitiendo con una carga financiera y burocrática mucho mayor
El Operador Confiable de Hidrocarburos funciona como una vía específica para el sector energético, paralela al Operador Económico Autorizado (OEA), pero adaptada a la complejidad del movimiento de carburantes y al régimen de impuestos especiales. Su concesión no es automática ni generalizada: se trata de un reconocimiento selectivo que, además de efectos económicos, tiene un fuerte componente reputacional.
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El registro oficial de operadores confiables es público y puede ser consultado por los titulares de depósitos fiscales, que lo utilizan como referencia para autorizar operaciones en sus instalaciones. En un mercado donde la confianza y la trazabilidad son esenciales, figurar en esa lista supone un aval frente a proveedores, clientes y autoridades.
La resolución de Hacienda llega, además, en un momento de especial vigilancia sobre el sector energético, marcado por un control máximo, el endurecimiento de las inspecciones y el impacto de la volatilidad de los precios del combustible en la economía. Para las empresas afectadas, el fallo administrativo puede suponer un punto de inflexión: consolidar su posición como operadores de referencia o seguir compitiendo con una carga financiera y burocrática significativamente mayor.
Requisitos clave para ser operador confiable
Según la Orden HAC/1496/2025, las empresas que aspiren a este estatus deben cumplir, entre otros, los siguientes criterios: Inscripción: estar dadas de alta en el registro de extractores de hidrocarburos; volumen: haber extraído al menos 1.000 millones de litros de gasolinas, gasóleos y biocarburantes durante el año natural anterior; experiencia: acreditar actividad como operador al por mayor durante los tres años previos a la solicitud; y solvencia: cumplir los requisitos de viabilidad financiera establecidos en la normativa aduanera, como disponer de activos netos positivos.
Expertos consultados aseguran a este periódico que las empresas que tienen en su poder esta 'etiqueta' logran una categoría de empresa fiable para la Administración Tributaria española, que opera en el sector de hidrocarburos, simplificando trámites a cambio de demostrar fiabilidad y cumplimiento fiscal, «al fin y al cabo es una figura creada para asegurar que las empresas que extraen hidrocarburos de depósitos fiscales cumplan con sus obligaciones tributarias, especialmente el IVA, mediante un registro especial», afirma un alto directivo de una de las empresas que se mantienen a la espera de la resolución de Hacienda.
Y es que la Agencia Tributaria quiere evitar a toda costa fraudes como el que desmanteló a finales del año pasado cuando desveló una red de defraudación de IVA en el sector de los hidrocarburos, implantada en todo el país y apoyada en una macroestructura formada por 38 sociedades. Las autoridades tributarias le imputaban a esta red un fraude de más de 300 millones de euros durante el ejercicio 2024.
Bautizada como 'Pamplinas Stars', la operación -ejecutada por los servicios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria- se saldó con la detención de cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, que ingresaron en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.