La opacidad alimenta sospechas. ¿Por qué se tomó esta decisión?, ¿y a cambio de qué? ¿Qué obtuvo España como contrapartida al renunciar a su tradicional postura de neutralidad activa? ¿Fue esta cesión el precio por restablecer relaciones diplomáticas tras la crisis de 2021, cuando Rabat permitió el asalto migratorio a Ceuta en represalia por la acogida del líder del Frente Polisario? ¿Hay compromisos que no han sido revelados? Estas preguntas siguen sin respuesta. Ni el Congreso de los Diputados fue informado ni los ciudadanos conocen los detalles de la carta que Sánchez envió a Mohamed VI. Esa falta de transparencia debilita la posición española ante sus socios, erosiona nuestra política exterior y compromete la credibilidad de nuestras instituciones democráticas.
Mientras tanto, Marruecos se anticipa a un posible cambio de gobierno en España y lanza advertencias explícitas al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo. Lo hace a través de canales oficiales, como el digital Le360 –propiedad del entorno directo de la Casa Real marroquí– y señala sin ambages que cualquier intento de rectificar la política de Sánchez conllevará represalias. La más clara: facilitar la presión migratoria en las fronteras de Ceuta y Melilla.
La diplomacia de la presión funciona porque Marruecos sabe que controla herramientas sensibles para España: el control de la inmigración y la colaboración antiterrorista. Pero que la dependencia estratégica condicione nuestras decisiones de Estado no significa que debamos aceptarla sin garantías ni contraprestaciones explícitas. Y menos aún cuando se trata de cuestiones tan delicadas como la soberanía nacional, el futuro de territorios en disputa o el respeto a la legalidad internacional.
Es legítimo que el PP, si accede al poder, quiera revisar la decisión de Sánchez. Pero también debe estar dispuesto a conocer todos los factores que influyeron en ese giro, incluidos los compromisos adquiridos, si los hubo, y el equilibrio geoestratégico de la región. Marruecos ha conseguido avances importantes en la ONU y en la UE –como la comercialización de productos del Sahara sin etiquetado de origen– y sabe que el contexto internacional le es más favorable que hace una década. La pregunta es si España, como potencia administradora hasta 1975 y país directamente implicado en el conflicto, puede seguir actuando como un actor pasivo.
El retorno a una posición de consenso, que defienda el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro y respete las resoluciones de la ONU, sigue siendo una opción viable. Pero para tomar cualquier camino con legitimidad es imprescindible desvelar las razones del actual. Sin transparencia no hay política de Estado. Y sin política de Estado no hay defensa posible frente al chantaje ni capacidad de negociación creíble con nuestros vecinos. España debe decidir su posición con claridad, pero antes tiene la obligación de conocer la verdad.