Los productores españoles de tomate son los principales perjudicados por las importaciones del Sáhara, que consideran «competencia desleal». De hecho, y, como ya explicó ABC, en los últimos años España ha perdido el 50% de su cuota en la UE y hasta el 80% en el Reino Unido, mientras que Marruecos ha incrementado la suya un 70%. Por esto último, y porque en 2022 el gobierno de Pedro Sánchez protagonizó un histórico cambio de posición con respecto al conflicto territorial al reconocer el plan de autonomía marroquí, el interés esta mañana estaba en el sentido del voto de los eurodiputados españoles.
Tanto los parlamentarios del PP como los de Vox -que también había presentado una moción- han votado a favor de la iniciativa, mientras que la mayoría de socialistas españoles presentes en la Eurocámara han votado en contra, excepción hecha del diputado González Casares, que ha apoyado la moción. Aun así, la propuesta ha servido para que la cámara mostrara su rechazo al nuevo etiquetado, ya que 359 diputados han votado a favor de la propuesta del PP (se necesitaban 360 votos para que fuera aprobada), 188 en contra y 76 se han abstenido.
En un comunicado muy duro, la popular Carmen Crespo ha calificado el voto socialista como una «traición al campo español», a la vez que ha pedido explicaciones al ministro de Agricultura, Luis Planas: «¿Dónde está defendiendo al sector del tomate español? porque ya se ha demostrado que en Europa no».
Es un caso polémico como pocos, dado que a nadie escapa que en este embrollo la UE se juega la calidad de sus relaciones bilaterales con Marruecos, que siempre ha dejado claro que no va a aceptar ninguna entente comercial que no reconozca «su integridad territorial».
Una sentencia que puso en peligro la relación UE-Marruecos
El conflicto empezó en noviembre de 2024, cuando el TJUE dictaminó que los tomates y melones del Sáhara no podían beneficiarse de las exenciones arancelarias previstas en el Acuerdo Euromediterráneo UE-Marruecos, al entender que Rabat no puede firmar nada en nombre de un territorio que no le pertenece. A su vez, el alto tribunal sentenció que, a partir del 4 de octubre de este año, los productos que se exportan desde los territorios ocupados debían lucir un etiquetado que indicara «únicamente el Sáhara Occidental», se lee en la sentencia.
Para remediar lo primero, Bruselas ha ideado un birlibirloque legal que pasa por dar ayuda humanitaria a los refugiados saharauis en Argelia, y para lo segundo, una reforma de los reglamentos para que las importaciones del Sáhara puedan identificarse con origen en «Dakhla Oued Ed-Dahab» y «El Aaiún-Sakia El Hamra», que son los topónimos que emplea Marruecos para los territorios ocupados.
Que el cambio legal sigue a una negociación con Rabat es algo de sobra conocido y, de hecho, la pasada semana la portavoz de la Comisión, Brigitte Misonne, llegó a reconocerlo: «La opción por la indicación del origen regional ha sido el resultado de negociaciones con Marruecos».
Las organizaciones agrarias califican el acuerdo de «indignante y rocambolesco»
Para la organización agraria COAG, esto «resulta indignante y absolutamente rocambolesco (...) No se puede permitir que un tercer país influya o modifique las normas internas de protección de los consumidores de la UE«, se lee en un comunicado de prensa.
Para COAG, no existe base jurídica ni institucional para redefinir el origen de las importaciones mediante un acuerdo internacional, en lo que consideran «un escándalo regulatorio que afecta directamente al carro de la compra de millones de europeos».
Además, consideran que se trata de un precedente peligroso que abre la puerta a otros casos futuros: «Mientras que los productos europeos se deben etiquetar siempre bajo el nombre del país, las producciones de importación podrían señalar regiones o localidades a su antojo», denuncian.
En la misma línea, desde Asaja señalan que aceptar la reforma sería una «grave señal de cesión política ante intereses externos que atentan directamente contra la soberanía alimentaria europea y que abren la puerta a nuevas formas de competencia desleal«. »No puede mantenerse un mercado único donde se diluye la trazabilidad del origen, se desprotege a los agricultores y se ignoran decisiones judiciales europeas vinculantes«, aseguraron ayer en un comunicado, antes de la votación.