Después de que tanto el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, presentase anteayer su escrito de acusación, así como las acusaciones populares, el magistrado instructor les cita en el Alto Tribunal para decidir si revisa las medidas cautelares que tienen impuestas, hasta ahora las comparecencias en sede judicial, prohibición de salir del país y retirada de pasaporte.
Para Anticorrución, ambos investigados, a quien el magistrado Puente acordó mandar a juicio, son responsables de graves delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Para el primero, la Fiscalía solicitó 24 años de prisión y para el segundo, 19 años y medio. En el caso del empresario y comisionista Víctor de Aldama, quien les habría entregado dádivas a cambio de conseguir adjudicaciones de contratos para proporcionar material sanitario al Ministerio de Transportes, el Ministerio Público reclama siete años de cárcel.
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