En dicho escrito, presentado al magistrado que ha investigado los favores costeados por Aldama para Ábalos -entre ellos el alquiler de un piso para la expareja del exministro en la Plaza de España de Madrid- a cambio de una posición ventajosa en los contratos de emergencia otorgados por Transportes, el fiscal pide condenar al político por los delitos de organización criminal, cohecho continuado, uso de información privilegiada, dos delitos de tráfico de influencias y otros de malversación a un total de 24 años de cárcel.
Por el delito de organización criminal, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pide una condena de siete años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; por el continuado de cohecho, seis años de prisión y multa diaria de 300 euros; por el de uso de información privilegiada, dos años de prisión y multa de 3,7 millones de euros, por el de tráfico de influencias, dos años de prisión y multa de 70.000 euros; por los de tráfico de influencias, dos años de prisión por cada uno de ellos y multa de 70.000 y 35.000 euros, respectivamente, y por el de malversación, cinco años de prisión.
Para el asesor de Ábalos, Koldo García, el fiscal solicita 19 años y medio de cárcel también por los delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos delitos de tráfico de influencias y uno de malversación. En cuanto a Aldama, el fiscal solicita para él siete años de prisión por los delitos de organización criminal (cuatro), continuado de cohecho (tres y multa diaria de 300 euros) y por el de aproovecchamiento de información privilegiada, una multa de 3,7 millones de euros con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante un año.
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