La instructora del procedimiento, Elena Hernáez, da paso así a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana para que envíen sus escritos. Posteriormente, las demandados también tendrán 10 días para presentar sus conclusiones, con lo que posteriormente se dará paso a dictar el visto para sentencia de la causa, informan fuentes del Tribunal de Cuentas.
El juicio por los gastos del referéndum ilegal referéndum ilegal del 1 de octubre y la promoción exterior del procés se celebró el pasado noviembre, tres días después de que el PSOE registrara la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados.
La consejera deniega la solicitud del presidente de ERC, Oriol Junqueras, del exconsejero Raül Romeva y otros siete codemandados
El texto legal también contempla el perdón de la responsabilidad contable del proceso independientista. Fuentes del órgano fiscalizador consultadas por ABC descartaron aventurar si la sentencia se dictará antes de que la norma esté aprobada o después.
En enero, la consejera instructora rechazo suspender el procedimiento por la tramitacion de la ley, segun solicito el ex vicepresidente catalan Oriol Junqueras, el ex consejero Raul Romeva y otros siete codemandados, siguiendo el posicionamiento del fiscal.
En la vista del pasado noviembre a la que no acudió el expresidente Puigdemont y se rechazó que la presenciara por videoconferencia, el fiscal se opuso a la suspensión por la tramitación de la ley de amistía: «La suspensión no se puede subordinar a un acontecimiento futuro. Sabemos que a día de hoy hay una proposición de ley. El previsible futuro es que recorra la tramitación parlamentaria y termine convirtiéndose en ley con entrada en vigor con su aplicación. Entonces será cuando sus efectos se apliquen porque ahora conocemos la proposición pero no sus efectos», argumentó el fiscal Manuel Martín-Granizo.
En el procedimiento por alcance del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas cifra en cerca de 3,2 millones de euros la responsabilidad contable del 1-O y de la acción exterior del 'procés', mientras Sociedad Civil Catalana (SCC), que dirigió la demanda contra 11 personas, entre ellas los exconsejeros Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva o Francesc Homs, consejero de Presidencia del Gobierno de Artur Mas, la eleva a 5,1 millones de euros.